El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, asegura que el fallo del Tribunal Constitucional (TC) en contra de la glosa de gratuidad era predecible.

Y toma cuenta que «justo porque era predecible, resulta sorprendente que el gobierno, luego del fallo, parezca haber quedado sin conducta, atónito«.

En entrevista con La Tercera, el académico coincide con el TC que se trataba de una glosa discriminatoria.

«Si el gobierno establece un programa de derechos sociales -así fue presentado por la Presidenta- entonces no podía discriminar según el tipo de institución que los alumnos eligieron en el pasado, como lo hizo la glosa ¿Cómo podría usted declarar que algo es un derecho fundamental y acto seguido distribuirlo según las decisiones que las personas hicieron en el pasado?«, pregunta Peña.

«La glosa pues fue mal diseñada puesto que, por una parte, presume establecer un derecho de acceso gratuito y, por la otra, priva a algunos de ese mismo derecho. Como lo hice saber en su momento al propio gobierno, había en la glosa, a mi juicio, una obvia contradicción entre el propósito declarado de la medida y el medio elegido para ejecutarla«, apunta el rector.

Ante la consulta de cómo el gobierno pudo incurrirse en un error de ese tipo, la autoridad académica responde: «Lo que ocurre es que el gobierno no parece tener la capacidad de traducir la inspiración política de su programa (por ejemplo, la idea que la educación es un derecho social) en un conjunto racional de políticas públicas. Hay un déficit severo de racionalidad técnica o instrumental en el gobierno. Hay en él la afirmación frecuente de ciertos objetivos (como la gratuidad), pero muy poco discernimiento a la hora de pensar cómo alcanzarlo de manera permanente e imparcial«.

Y explica: «Esto tiene nada más que dos explicaciones. O hay un empecinamiento de la Presidenta que se impone sobre la cautela racional de los asesores (y ve esto ya no como un desafío político, sino personal, como lo dejó ver en la reacción frente al fallo), o los asesores son ineficientes o incapaces de hacer ver a la Presidenta el verdadero escenario. Es urgente, pues, que el gobierno haga esfuerzos para poner su capacidad técnica a la altura de su habilidad retórica. El prestigio de los equipos gubernamentales y de la Presidenta está en juego: no es posible que un gobierno que hizo de éste el objetivo principal de su programa llegue a la mitad de su período sin lograr diseñar una política que le permita alcanzarlo«.