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6 de Enero, 2017

Análisis del ministro Gómez: ¿De qué hablamos cuando hablamos de una Defensa Moderna?

Análisis del ministro Gómez: ¿De qué hablamos cuando hablamos de una Defensa Moderna?

El Estado ha resuelto potenciar las capacidades polivalentes de la Defensa Nacional que permitan cada día más su inclusión plena en la sociedad civil, con una contribución sustancial en el avance científico, tecnológico, económico, productivo, cultural y social.


La sociedad está cambiando y todos los organismos del Estado deben adaptarse a esas transformaciones. Si bien hay avances sustanciales en los procesos de cambios de las instituciones armadas, su cultura sigue transitando por una relación tradicional en sus vínculos con otros organismos del Estado.

La modernización de la Defensa Nacional obliga a construir una visión integral de su rol, no sólo en materia territorial, sino también ante nuevos desafíos como el cambio climático y el calentamiento global, ademas de los fenómenos naturales que se presentan de manera recurrente en nuestro país dada sus condiciones geográficas, territoriales o climáticas.

También enfrentamos oportunidades ante fenómenos del mundo global como la integración tecnológica y sociocultural a nivel planetario, así como la movilidad y desplazamiento de personas de diversas etnias, culturas o lugares de origen que nos compromete a construir políticas de inclusión y nos permite ampliar nuestra visión y diversidad.

A contrario sensu, el tráfico de personas, la inmigración ilegal, las asociaciones ilícitas, la circulación de armas sin control producto de robo o extravío, sumado a los riesgos de la corrupción, la desigualdad y el abuso de poder, son aspectos que inciden en comportamientos individuales o colectivos disociados que obligan a los paises a diseñar estrategias de manejo y control.

La globalización en sus facetas desfavorables origina amenazas que hace necesario tener en cuenta. El integrismo y fundamentalismo, en suma, la radicalización religiosa que ha surgido a nivel mundial, nos revela nuevas formas de enfrentamiento. Un individuo o un grupo auto-motivado sin pertenecer a estructura alguna puede actuar sobre grandes concentraciones humanas como objetivo, poniendo en jaque la seguridad de toda una nación. Estas situaciones, difíciles de prever e identificar, han reemplazado lo que conocemos como milicias convencionales.

Ante esto, los estados para protegerse están obligados a potenciar el trabajo de inteligencia e intercambio de información que les permita ser un aporte real en la protección y seguridad de las personas.


LAS FUERZAS ARMADAS Y SU INSERCIÓN EN LA SOCIEDAD

Después de un largo período de interrupción democrática, hoy más que nunca, nuestra estabilidad nos permite avanzar en líneas de acción que fortalezcan una nueva forma de vinculación del mundo civil con el militar; una relación directa y transparente de la Defensa Nacional, con otras instituciones del Estado, ciudadanía, organizaciones sociales, políticas y culturales.

Existen múltiples planteamientos respecto al rol que le corresponde a las Fuerzas Armadas en una sociedad democrática. Opiniones que van de un extremo a otro, desde aquellos que sugieren que no debiesen existir, hasta otros que le asignan la potestad de garantes de la democracia y la sitúan por encima de otros organismos del Estado. Este debate siempre ha estado teñido por razones ideológicas, circunstancias históricas, atavismos, traumas, triunfos, derrotas, dolores y glorias.

Lo esencial es que las Fuerzas Armadas son parte del Estado, no son un compartimiento estanco ni autónomo en nuestra sociedad. Existen y funcionan bajo la dependencia del poder político, según indica nuestra Constitución Política del Estado, la cual establece que son organismos dependientes, no deliberantes y obedientes; instituciones de La República, como otras, que nos pertenecen a todos y a cada uno de los ciudadanos que formamos parte de esta sociedad.

Del mismo modo, los Estados para existir libres y autónomos, requieren como exigencia fundamental, resguardar su independencia y soberanía en un mundo globalizado donde los límites son difusos. En función de eso, construyen instituciones que tienen como tarea primordial la preservación y conservación de sus fronteras, integridad territorial y cohesión nacional; organismos que son esenciales para la seguridad nacional y protección de sus habitantes, en resumen, primordiales para la defensa de la patria.

El Libro de la Defensa Nacional explicita y transparenta la política de Defensa estableciendo que la seguridad de la nación es una articulación político estratégica producto del conjunto de actividades que el Estado realiza para avanzar hacia el logro de sus objetivos y resguardar los intereses nacionales en relación con riesgos, amenazas o interferencias.

Esta tarea no sólo implica deberes del Estado, sino también obligaciones para sus connacionales, que se traducen esencialmente en honrar a la patria, defender la soberanía, contribuir a preservar la seguridad nacional y respetar los valores esenciales de la tradición chilena.

Esto establece un proceso dinámico en que la seguridad no puede entenderse como un fin en sí mismo, sino como aporte importante a una estrategia global, donde su contribución es integrada, coordinada, planificada y anticipada. En esa función, el Estado debe procurar el bien común de la nación y servir a la persona humana, con instituciones permanentes, profesionales, jerarquizadas, dispuestas y organizadas conforme a las normas del estado de derecho.

La seguridad y la defensa están íntimamente relacionadas. La Defensa brinda, por una parte, protección a la población, al territorio, los bienes públicos y las actividades que se efectúan dentro de las fronteras como aporte al bien común nacional y, por la otra, apoya la gestión de la política exterior de Chile, fundada en la búsqueda de la paz, la seguridad y la cooperación internacional.

Con el propósito de alcanzar estos objetivos, la Defensa Nacional cuenta con un conjunto diverso de medios, donde las Fuerzas Armadas conforman un órgano cuyo aporte es imprescindible. Dicha contribución proviene del monopolio del uso de la fuerza legítima, otorgado por el Estado, que comparten con Carabineros y Policía de Investigaciones de Chile.

Estos medios militares y especializados están orientados y organizados por una política estatal que expresa la voluntad del Estado de Chile para disponer de ellos en la paz, mediante la disuasión o la cooperación en crisis internacionales, en casos extremos hacer frente a la eventualidad de un conflicto armado y, cada vez más, ante amenazas naturales como terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, incendios forestales, aluviones, entre otros.


Respecto a la protección de nuestras fronteras cabe preguntarse:

¿La ciudadanía espera garantías de protección de las instituciones armadas?

¿El crecimiento desigual de los países de la región afecta la seguridad?

¿Las nuevas formas del terrorismo son una amenaza a nuestro territorio?

¿El narcotráfico es una amenaza potencial en nuestro país?

Estos nuevos desafíos que nos impone la realidad hacen necesario ampliar y diversificar nuestro potencial militar, así como las competencias técnicas y profesionales de las fuerzas, de manera tal que nos permitan mantener nuestras capacidades operativas, disuasivas y de respuestas.

Una línea de acción clave es dar importancia real a los asuntos del territorio, entendido éste como el espacio terrestre, marítimo y aéreo de nuestra responsabilidad. Para la Defensa Nacional preocuparse de estos asuntos forma parte de su propia esencia, donde lo fundamental es la protección de las personas, preservación de la integridad territorial, la defensa y el aseguramiento del ejercicio efectivo de la soberanía.

Una Defensa Nacional moderna nos obliga a construir una mirada común sobre soberanía, seguridad y protección interna, desde una colaboración sistémica. Ello implica que las instituciones deben, en conjunto con otros organismos del Estado, contribuir en la tarea de proteger a los ciudadanos en emergencia o desastres naturales, así como brindar apoyo en el manejo de situaciones que nos amenacen.

La capacidad de despliegue de la Defensa Nacional a lo largo del territorio produce un efecto en la vida de las personas, las regiones y en su economía, eliminando nuestras fronteras internas y conectando al país por aire, mar y tierra.

CAPACIDADES POLIVALENTES DE LA DEFENSA AL SERVICIO DEL PAÍS

El Estado ha resuelto potenciar las capacidades polivalentes de la Defensa Nacional que permitan cada día más su inclusión plena en la sociedad civil, con una contribución sustancial en el avance científico, tecnológico, económico, productivo, cultural y social.

Unas Fuerzas Armadas modernas y eficientes no son un costo, sino una inversión país
tanto en la ejecución de sus tareas propiamente militares, como cuando ejercen roles distintos de la guerra. El desarrollo polivalente de la Defensa Nacional es una mirada moderna e integradora al servicio de la nación en tiempos de conflicto como en tiempos de paz.

Estas capacidades tienen injerencia directa sobre espacios definidos por sus especialidades que, a su vez, se insertan en ámbitos específicos de la sociedad. Aire, mar y tierra son áreas donde el aporte en investigación y desarrollo científico y académico, en conjunto con el mundo privado, son una oportunidad para cambiar el futuro de Chile.

En este sentido, instituciones de carácter científico y tecnológico –como el Instituto Geográfico Militar (IGM), el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) y el Servicio Aerofotogramétrico de la FACh (SAF)– pueden fortalecer su relación con organismos nacionales o extranjeros en los ámbitos de la investigación, innovación y desarrollo en áreas como energía, espacio y medioambiente.

Asimismo, las empresas de la Defensa Nacional –como Fábricas y Maestranza del Ejército (FAMAE), Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) y la Empresa Nacional de Aeronáutica (ENAER)– por sí mismas o en alianza con otras empresas públicas o privadas, pueden emprender retos aún más desafiantes que aporten a la ciencia, economía, tecnología, industria y producción del país.

El progreso de la industria de la defensa no sólo constituye un aporte a la capacidad militar y estratégica de sus Fuerzas Armadas, es también un factor clave en el crecimiento país, en su desarrollo productivo y tecnológico. Ello se sustenta en su alto nivel de especificidad y valor agregado que involucra su producción; situación que explica que muchos de los desarrollos militares inspiren, con posterioridad, la generación de múltiples prototipos para la industria nacional.

Por otra parte, es un hecho que el mundo académico y científico muchas veces carece de campos de exploración. La industria de la Defensa es una oportunidad para que este mundo especializado profundice sus investigaciones. Conscientes de esta realidad, se hace necesario fortalecer la interacción constante entre el mundo civil y militar, con el fin de potenciar el desarrollo social y productivo del país, evitando la subutilización de los recursos y sin afectar por ello los roles privativos asignados a cada uno.

En nuestro país las situaciones de emergencias y catástrofes son cada día más recurrentes, con el agravante del cambio climático y el calentamiento global que trae nuevos desafíos. Esta realidad ha permitido establecer un nuevo enfoque en la capacitación del personal, así como en la adecuación de los equipos y material en condiciones que permita una respuesta rápida, oportuna y eficaz.

Ante éstas nuevas amenazas, la Defensa Nacional en conjunto con otros organismos del Estado cumple tareas de prevención, capacitación, alerta, normalización y reconstrucción. Hombres y mujeres de las instituciones armadas han actuado en terremotos y tsunamis, combatiendo incendios, erupciones volcánicas, aluviones y marejadas en el litoral de casi todo el territorio nacional. Esta capacidad de respuesta reconocida hoy por todos es un aporte al desarrollo del país y vital para la tranquilidad de la ciudadanía.

DDHH: NO HAY FUTURO SIN RECONOCER EL PASADO

El compromiso del Gobierno con los Derechos Humanos viene de una raíz muy profunda que hace primordial y necesario construir certezas, aportar evidencias, conocer la verdad, hacer justicia, reparar el mal causado y tomar todas las medidas para que nunca más se vuelvan a repetir hechos deleznables.

Para lograr este objetivo se necesita avanzar de frente, con verdad y transparencia, dialogar con sincera voluntad de superar el pasado, lejos de desconfianzas, única forma de contribuir al fortalecimiento y credibilidad de las instituciones. Por cierto, nadie debe ni puede quedar fuera del debate, análisis y reflexión.

Del mismo modo, no puede haber temas tabú. Sin eufemismos, se debe abordar las responsabilidades institucionales y personales en las violaciones de los Derechos Humanos para reducir con verdad y justicia la carga que arrastran y arrastrarán las Fuerzas Armadas por generaciones. Esta es la única forma de avanzar.

No se puede construir futuro sin reconocer el pasado, pero entendiendo que la línea de la historia debe trazar una frontera que haga la diferencia entre quienes actuaron rompiendo el sistema democrático y el estado de derecho y los que hoy buscan construir instituciones reconocidas y respetadas por todos.

Se debe respaldar toda iniciativa de colaboración y aporte en esta línea. El Ejército de hoy no es el Ejército de ayer, lo mismo en el caso de la Armada y la Aviación. Esta afirmación es vital entenderla en todo su significado. Los soldados, clases y oficiales que sienten orgullo de sus instituciones legendarias, que reconocen los crímenes cometidos durante la dictadura y repudian ese comportamiento, son los soldados que queremos formar.

No es posible olvidar el pasado ni desligar las responsabilidades institucionales en la violación, tortura, desaparición de compatriotas. Las instituciones fueron involucradas por sus mandos que eran los mismos instigadores que asesinaron a su Comandante en Jefe y se enriquecieron en el poder. Los soldados, clase y oficiales del Ejército, Armada y Fach de hoy no son responsables de lo ocurrido en las FF.AA. de ayer.

El único compromiso de las instituciones es la voluntad declarada de colaborar con verdad y justicia, de no amparar a violadores de los Derechos Humanos, no ocultar información ni prestarse para legitimar cualquier impunidad. Ética y moralmente, ese es el camino correcto para desprenderse de ese lastre y mirar a las nuevas generaciones y al futuro con la frente en alto.

Pasos como éste contribuyen a establecer la verdad, propiciar la justicia y hacer reparación en aquellos casos que aún no ha sido posible. Esta es la única manera de conseguir la indispensable reconciliación entre los chilenos.


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