La Comisión de Vivienda de la Cámara de diputados aprobó en forma unánime la idea de legislar el proyecto que modifica la ley N° 8.946, «que fija el texto definitivo de las leyes de pavimentación comunal, en materia de ejecución de obras provisorias de emergencia por parte de los municipios», es decir -en palabras simples- los municipios podrán hacer esta labor sin la burocracia actual que podría eternizar la autorización para poder cubrir un simple «evento» (hoyo) que dada esta tramitación, cuando llegaba la autorización dicho evento ya se había transformado en un cráter.

El fin de la iniciativa es agilizar la reparación de baches y hoyos en calles y veredas, que con la actual normativa demoran en realizarse, ya que la ejecución, renovación, conservación y administración de las obras de pavimentación urbana corresponde al Servicio de Vivienda y Urbanismo, Serviu, y que, con modificaciones posteriores, continúa con la labor de autorización y fiscalización.

El principal autor de la iniciativa, diputado Leonardo Soto (PS), valoró al texto legal y el patrocinio por parte de la Ministra de Vivienda. “Los baches en las calles se prolongan durante meses causando daños a todos los vehículos y produciendo caídas de peatones. Esto, porque el sistema de pavimentación en Chile y las modificaciones, son demasiado engorrosas con muchos trámites. Y esta moción lo simplifica casi a cero”m argumentó.

Soto, explicó que el texto “establece que los municipios y no el Ministerio de la Vivienda sean los encargados de reparar esas roturas de pavimento en un procedimiento muy simplificado”. Por ello, consideró que “es un proyecto muy pequeño pero que tiene una enorme dimensión y un enorme impacto en la vida de los ciudadanos”.

Aparte de agilizar las obras de pavimentación, otro de los fundamentos de la moción -que además fue presentada por los diputados Claudio Arriagada (DC), Guillermo Ceroni (PPD), René Manuel García (RN), Carlos Aberl Jarpa (PRSD), Iván Norambuena (UDI) y Jaime Pilowsky (DC)-, es reducir la posibilidad de accidentes vehiculares y de los propios peatones que transitan por veredas y calles, y hacer acorde la normativa con otra ley, que impone a los municipios la responsabilidad civil en casos en que se cause un accidente consecuencia del mal estado de las vías públicas.