20 de Abril, 2018

El caso del doctor favorito de los jueces de Rancagua

El caso del doctor favorito de los jueces de Rancagua
(CC)

Un caso de licencias y boletas falsas terminó con llamadas interceptadas, medidas cautelares incumplidas, juicios cambiados a favor del imputado y un escándalo de proporciones que podría llegar incluso a los más altos cargos de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Todo narrado en la historia del doctor Luis Arenas Contreras.


Dos causas en el Juzgado de Garantía de Rancagua marcaron la vida judicial del doctor Luis Evaristo Arenas Contreras estos últimos años. El primero ocurrió el 4 de mayo de 2015, cuando el Servicio de Impuestos Internos (SII) se querelló en su contra por fraude tributario. La causa 5404–2015 fue tramitada en el Juzgado de Garantía de Rancagua, donde se acusaba a Arenas de defraudar al fisco en más 13 millones de pesos.

Fue formalizado el 22 de agosto del 2016 por más de mil quinientas boletas sin rendir al SII entre los años 2008,2009 y 2010. El juez Gianni Libretti Peña decretó como medidas cautelares un arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional por 120 días, mientras dure la investigación.

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En el expediente –todos con fecha del 16 de febrero del 2017– Carabineros ingresó ocho documentos por incumplimiento de las medidas cautelares, correspondientes a los días 10, 24 y 26 de noviembre; 9 de enero; 12 de febrero; 13 y 21 de marzo. Como contraste, un documento ingresado a la carpeta investigativa el 22 de febrero y firmado por el Administrativo de Notificaciones, Jorge Cáceres Salazar, da cuenta que entre los días 23 y 1 de diciembre el doctor cumplió las cautelares conforme a la medida impuesta.

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Con este caso aún abierto, el Ministerio Público comenzó una nueva investigación contra el doctor. Arenas fue acusado por el delito de narcotráfico y lavado de dinero (presente en la causa RIT 15569–2016 del Juzgado de Garantía de Rancagua). Según consta en la carpeta, el médico entregaba recetas para la compra de los medicamentos Sentis y Evenir, sin cursar consulta médica de por medio. A su vez, como consigna la carpeta investigativa, recibía dinero a través de cuentas de terceros para eludir el control del pago y obtener ganancias con la venta de las referidas recetas.

Licencias que revelaron sus pacientes en el sitio Doctoralia, donde aparece evaluado siempre con calificaciones positivas. Un usuario anónimo publicó en la plataforma el 12 de diciembre del 2016 que “solo cobra 12 lukitas por 12 días de licencia”

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Información manejada por el jefe del Ministerio Público en Rancagua, Sergio Moya, que el 4 de enero del 2017 solicitó la interceptación, reproducción y grabación de las comunicaciones telefónicas del doctor, petición que fue aceptada.

Entre las llamadas hay cuatro que destacan por sobre las otras, debido a que los involucrados en ellas ocupan cargos de poder dentro de la justicia rancagüina. Infogate tuvo acceso a fuentes fidedignas que prueban la existencia de estos audios –que incluso fueron escuchados por el Director General de Carabineros, Bruno Villalobos y su par de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinoza–, sin embargo, por orden del Juez Luis Barría, fueron borradas el 17 de abril del 2017.

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Según señalan las fuentes, Arenas habló con tres ministros del Juzgado de Garantía de Rancagua. Al primero de ellos le consultó cómo iba su causa tributaria, obteniendo la respuesta “sin novedades”. Con el segundo negoció la entrega de un millón y medio de pesos en efectivo, mientras que el tercero le otorgó su total apoyo en la causa. La cuarta llamada correspondía a un alto cargo administrativo que pidió una hora para un familiar. En estas llamadas –realizadas los últimos meses del 2016– no se conocía que el doctor estaba siendo escuchado por la Fiscalía.

Con la jueza Jéssica Bascuñán a cargo, se realizó el control de detención contra el doctor el 4 de febrero por la causa de narcotráfico y lavado de activos. En ésta se le calificó como autor en el grado de consumado quedando con medidas cautelares de prisión preventiva por peligro de fuga y arraigo nacional. La magistrada –cónyuge del secretario de la Corte de Apelaciones, Hernán Gónzalez– decretó como caución (fianza) la suma de 10 millones de pesos, la que fue pagada raudamente por el médico para quedar en libertad.

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Una derrota para Moya que no estaba dispuesto a aceptar y llevó el caso a la Corte de Apelaciones de Rancagua. Ésta aceptó revisar el caso en audiencia el 10 de febrero.

Llegada la fecha, la audiencia en la Corte de Apelaciones de Rancagua no estaba citada en tabla. Según fuentes ligadas a la investigación, producto de un error administrativo del secretario de la Corte.

La audiencia la llevó el ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, Ricardo Pairicán García. En una hora y diez minutos –según consta en la carpeta investigativa– el magistrado revocó la caución de diez millones fijadas y modificó las medidas cautelares contra el doctor Arenas. El documento de dicha audiencia relata que el doctor es considerado un peligro para la seguridad de la sociedad y se ordena su detención mientras dure la indagatoria.

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Un panorama desfavorable para el doctor Luis Evaristo Arenas Contreras pero que no mermaría sus aires de libertad. Carabineros fue a su domicilio para llevarlo al Complejo Penitenciario de Rancagua, sin embargo y al igual que lo ocurrido con el arresto domiciliario nocturno, no se encontraba en casa. Esta situación se mantuvo hasta el día 13 de marzo del 2017, donde el médico asistió para pedir un cambio en las medidas cautelares que pesaban en su contra y acogerse a un juicio abreviado.

Tres semanas permaneció en el Complejo penitenciario de Rancagua el doctor Arenas. El 4 de abril se realizó un nuevo juicio contra el médico. Loreto Salas Cortés preside la audiencia en el Juzgado de Garantía de Rancagua.

En la audiencia, el Ministerio Público argumentó que no perseveraría en el delito de lavado de activos a cambio –señalan fuentes ligadas al caso– de que el doctor Arenas se declarara culpable por tráfico de drogas.

En la sentencia, Luis Evaristo Arenas Contreras es condenado a dos años de presidio menor en su grado medio, la suspensión de su cargo durante el tiempo de la condena y el pago de diez UTM. Sin embargo, no ingresa a la cárcel debido a su irreprochable conducta anterior, vale decir, cambia su prisión por la remisión condicional por el término de dos años, quedando sujeto al control administrativo y observación permanente del Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile por el tiempo ya referido, castigo que si no cumple conllevaría a su detención.

En la audiencia también se analiza la causa tributaria (5404–2015) que pesaba contra Arenas y, como se consigna en las anotaciones del Acta, se utiliza el pago de la caución anterior para cancelar la deuda que tenía con el Servicio de Impuestos Internos.

En las mismas observaciones se señala que: “Teniendo presente la solicitud de la Defensa en cuanto a que se proceda a la destrucción del registro de interceptación telefónica que dice relación con los antecedentes vertidos en esta causa en cuanto al sentenciado por conversaciones privadas que él sostuvo con sus propios pacientes, no encontrándose ejecutoriada la sentencia definitiva pronunciada y ante la oposición del Ministerio Público local, el Tribunal fija nueva fecha para debatir lo pertinente”. La decisión fue rectificada al día siguiente por el Juez Luis Barría (imagen arriba).

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