Hasta el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago llegaron este viernes los diputados de Chile Vamos, Marcela Sabat (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Jorge Alessandri (UDI) y Francisco Undurraga (Evópoli), acompañados por la presidenta de la UDI Jacqueline Van Rysselberghe, para presentar una querella, en el marco del denominado caso de Ascar.

La acción legal busca que se esclarezca si se incurrió en los delitos de malversación de fondos y fraude al fisco en el desarrollo de la iniciativa que buscaba mejorar funcionamiento del Sename.

Al respecto, la diputada y subjefa de Bancada, Marcela Sabat explicó que: “Creemos que es importante que se establezcan responsabilidades. Creemos también que todos los organismos manifiesten estas responsabilidades de las cuales creemos que es importante que se determinen, incluyendo el Consejo de Defensa del Estado”.

En este sentido, la parlamentaria RN emplazó a la ex ministra Javiera Blanco –hoy consejera del CDE- a que “se inhabilite al respecto y creemos que es importante que todas las instituciones mantengan esta misma línea de determinar cuáles son las responsabilidades para avanzar hacia el futuro, rediseñar el sistema y que esto nunca más vuelva a ocurrir”.

“Fraude a los niños del Sename”

A su turno, el diputado Francisco Undurraga, reafirmó que “éste no es solo un fraude al fisco, es un fraude a la fe pública y por sobre todo un fraude a los niños del Sename”.

“Este es un programa que se diseñó durante el primer gobierno del Presidente Piñera, es un programa que teóricamente debió haber sido administrado con los fines para los que se diseñó, lo cual no fue así, y aquí constatamos una vez más, que hay muchos sectores de la política que se lavan la boca con los niños y su realidad, pero en el minuto, no hicieron nada para mejorar las condiciones de vida de los niños del Sename”, puntualizó.

En este sentido, el diputado Juan Antonio Coloma explicó “que podría haber un fraude al fisco por cifras que superan los 300 millones de pesos”.

“Es por eso que dentro de las diligencias que estamos pidiendo, es solicitar la comparecencia de los ex ministro de Justicia José Antonio Gómez y Javiera Blanco para que puedan dar fe de lo que ocurrió entre los años 2014 y 2015 en el ministerio, toda vez que fue en esos años en que el ministerio del Interior realizó auditorías a este programa, donde quedaron de manifiesto serias irregularidades”, sostuvo.

Mientras que el diputado Jorge Alessandri sostuvo que más allá de los 300 millones de pesos supuestamente malversados, el verdadero problema “son los niños que cada vez han ido pagando la cuenta ellos”.

En esa línea, agregó que “parece que cada vez que se levanta una piedra de un programa del gobierno anterior, el programa no se hizo o se contrataron operadores políticos o el dinero se usó para otros fines. Tienen que venir los ministros a responder, porque los niños nuevamente no pueden seguir esperando”.