Hoy suman 220 mil los menores de edad realizando algún tipo de labor, recibiendo a cambio dinero. Agrega que con el aumento de los flujos migratorios hacía Chile, hay también una cantidad cada vez más creciente de niños, niñas y adolescentes en situación de irregularidad migratoria que realizan labores en diferentes áreas para “apoyar a sus familias”.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzó el Día mundial contra el trabajo infantil en 2002 para concentrar la atención en la magnitud global del trabajo infantil y en las medidas para erradicarlo. Y nuestro país no está ajeno a esta realidad, ante lo cual una experta nos explica lo que ocurre hoy a nivel mundial y las medidas que se están tomando en Chile para terminar con esta ilegalidad.
Según cifras entregadas por la Organización de Naciones Unidos, actualmente unos 168 millones de niños, niñas y adolescentes son víctimas del trabajo infantil. Este año la temática de la celebración de este día se basa en abordar el efecto de los conflictos y los desastres naturales en el trabajo infantil.
CIFRAS EN CHILE
Chile es el país con menor población infantil trabajadora en Latinoamérica, no obstante, aproximadamente 220 mil niños, entre 9 y 17 años realizan trabajo infantil.
Entre ellos, el 26% de los niños entre 15 y 17 años realiza actividades de cuidado de otras personas, las que pueden ser niños, enfermos o personas de la tercera edad, siendo la mayoría de ellas, niñas.
La áreas en que se desarrollan son: Comercio (almacenes familiares, ferias libres, mercados y comercio ambulante) y servicios asociados al sector agrícola (siembra, desmalezado y corte de pasto, cosecha, fumigación, armado de cajas, embalaje de cosecha, carga de sacos, venta de productos).
Al respecto, María Soledad Torres, abogada, ex diplomática y experta en temas de migración y socia directora de Legal Global, señala que “a pesar de que en Chile se han presentado avances importantes para erradicar el trabajo infantil, aún tenemos tareas por hacer, puesto que en áreas como las labores domésticas y sector agrícola existen cifras “negras”. Asimismo, actualmente con el aumento de los flujos migratorios hacía Chile hay también una cantidad cada vez más creciente de niños, niñas y adolescentes en situación de irregularidad migratoria que realizan labores en diferentes áreas para “apoyar a sus familias”.
A nivel internacional, nuestro país ratificó en 1990 la Convención de los Derechos del Niño, que sostiene en su artículo Nº 32 el “derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual o social”.
La ley Nº 20.189 del año 2007 regula la admisión al empleo de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. La normativa contempla que los menores de 18 años y mayores de 15, podrán celebrar contratos de trabajo sólo para realizar labores ligeras que no perjudiquen su salud y desarrollo, siempre que cuenten con autorización expresa del padre o madre, o que en su ausencia cuenten con el permiso de personas o instituciones que tengan la tutela del niño o niña.
EDUCACION COMO CLAVE
La ley 20.189 establece, además como requisito que los menores acrediten haber culminado la educación o encontrarse cursándola y en caso de que aún sigan estudiando, las labores que desempeñen no deberán dificultar su asistencia regular a clases y su participación en programas educativos o de formación. En este sentido, la ley ordena que no podrán desarrollar labores por más de 30 horas semanales durante el período escolar y que bajo ninguna circunstancia podrán trabajar más de 8 horas diarias.
María Soledad Torres asegura que “la educación tiene un rol primordial en la erradicación del trabajo infantil, por lo que fortalecerla es primordial. El Estado debe procurar que se aminoren los obstáculos que actualmente sortean los estudiantes trabajadores con relación al acceso y la calidad de la misma. Existe una estrategia nacional para la erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente trabajador 2015-2025, iniciado el gobierno anterior, que debe proseguirse como política pública del Estado de Chile”.
