27/03/2019

Senado busca eliminar privilegio que tienen religiosos para no testificar ante tribunales

Senado busca eliminar privilegio que tienen religiosos para no testificar ante tribunales

La medida afectaría a arzobispos, obispos, vicarios generales, provisores, vicarios y provicarios capituales y los párrocos dentro del territorio bajo su jurisdicción podrán testificar ante un tribunal.


La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado dejó para la discusión en sala, el proyecto que busca eliminar el privilegio que tienen las autoridades eclesiásticas de no testificar ante los tribunales de justicia, modificando el Código de Procedimiento Civil.

La propuesta fue iniciada en una moción parlamentaria, la cual propone que los arzobispos, obispos, vicarios generales, provisores, vicarios y provicarios capituales y los párrocos dentro del territorio bajo su jurisdicción podrán testificar ante un tribunal.

Actualmente, todas estas autoridades religiosas se encuentran exentos de esta obligación, por lo que se busca que recoger la regla general en el procedimiento civil, la cual consiste en que toda persona deba testificar.

Sin embargo, existen algunas excepciones respecto a determinadas personas, en razón de su cargo o función pública. Ellas pueden prestar declaración en el domicilio que ellos fijen, dentro del territorio jurisdiccional del tribunal.

De esta forma, el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil dispone que se encuentran exentos de comparecer ante tribunales, el Presidente de la República, los Ministros de Estado, entre las principales autoridades de Gobierno, así como los parlamentarios, alcaldes, miembros de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones, Fiscales Judiciales, Fiscales regionales del Ministerio Público, y oficiales en servicio activo y en retiro.

Además, la norma también incluye a “el Arzobispo y los Obispos, los Vicarios Generales, los Provisores, los Vicarios y Provicarios Capituales; y los Párrocos, dentro del territorio de la parroquia a su cargo”.

La idea central del proyecto es eliminar este privilegio procesal de esta naturaleza, en favor de las autoridades eclesiásticas, debido a que estas autoridades no ejercen ningún tipo de función pública.


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