Este domingo el abogado Carlos Peña, analiza el episodio Dobra Lusic, que expuso ante el Senado su «pergaminos» para ser nombrada Suprema, que dejó al descubierto una poderosa red de operadores judiciales-políticos que ha jugado en su favor, además repasa la idea de la magistrada de amordazar a la prensa.

Bajo el título de «Las enseñanzas del caso Lusic», Peña explica que «La decisión de quien integrará la Corte Suprema es de las cosas más importantes que ocurren en la vida cívica; pero los senadores, desgraciadamente, parecen no saberlo. ¿Cómo explicar de otra forma que sea la prensa y no ellos quienes han hecho en este caso el verdadero escrutinio?».

A continuación el texto completo del oportuno análisis del abogado:

«Esta semana, la jueza Dobra Lusic debió ir al Senado a una audiencia pública en que los senadores podían inquirir sus opiniones, a su luz formarse la suya y decidir finalmente si aprueban o no su nominación.

Esa audiencia tiene por objetivo que los senadores, y a través suyo el conjunto de la ciudadanía, examinen con cuidado a la candidata, revisen con ánimo inquisitivo sus opiniones, incluidas sus opiniones legales en cuestiones controversiales, y verifiquen, por decirlo así, su hechura intelectual. Se trata, en suma, de un momento de la máxima importancia. Después de todo, se trata de hacer el escrutinio de quien, una vez nombrada, tendrá junto a otros jueces la tarea de dilucidar la interpretación del derecho en Chile. Los derechos de todos y los límites de la coacción estatal estarán, en alguna medida, en sus manos.

Así, entonces, tanto los partícipes de la audiencia, los senadores, como los ciudadanos que la observan deben examinar lo que en ella se revela con el máximo de alerta intelectual, sopesando las cosas que allí se saben, lo que en ella se dice y se argumenta.

¿Qué se supo en esa audiencia?

Lo más llamativo fue el reconocimiento que la jueza hizo de que se le ofreció ayuda, por parte de un sujeto, para promover su nombramiento. Y según se supo luego, el referido sujeto, John Campos —a quien el senador Harboe llamó “operador judicial”—, habría sido recomendado por la jueza Lusic para un puesto de notario. Más tarde, la prensa descubrió que el mismo Campos tuvo vínculos con el actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien habría testificado a su favor en un juicio por maltrato a menores.

Lo que se supo fue, pues, que, voluntariamente o no, la jueza Lusic habría sido parte de un amplio intercambio a través de un operador, un “operador judicial”, como vale la pena repetir lo llamó el senador Harboe, cuyos hilos envuelven a la jueza y al ministro.

Es difícil exagerar la gravedad de ese antecedente que ningún acuerdo político previo, ningún juego de toma y daca entre gobierno y oposición, debiera obviar. Después de todo, lo que se acaba de saber en esa audiencia es que hay tráfico de influencias en el Poder Judicial, intermediarios entre los puestos a proveer y el poder político, y que una jueza que aspira a integrar el máximo tribunal fue partícipe, involuntaria dice ella, de todo ese intercambio.

¿Son relevantes esos datos a la hora de decidir la integración de la Corte Suprema?

Para responder esa pregunta es útil recordar las funciones y la fuente de la que emana la dignidad de la Corte Suprema. A ella le corresponde decir la última palabra a la hora de decir qué es derecho en Chile. Las leyes son mudas, simples trazos negros en un papel que requieren de un lector o lectora que las vivifique, las despierte, las interprete y fije el sentido que poseen. Esa es la tarea de los jueces y, en especial, de la Corte Suprema de Justicia. Los jueces son quienes, observó alguna vez H. L. A. Hart, tienen la última palabra al decir qué es derecho.

Si lo anterior es así, si el sentido de las reglas está en manos del discernimiento y el sentido de responsabilidad de los jueces, si lo que las reglas dicen dependen de lo que los jueces logren descubrir en ellas, ¿acaso la cautela a la hora de elegir a los jueces no debe ser la máxima posible? ¿No será —para usar aquí las palabras del Código Civil— que habrá que elegirlos con “esmerada diligencia”, empleando aquella “que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes”, en vez de hacerlo con la desaprensión de quien simplemente cumple un acuerdo político previo, como parece estar ocurriendo en este caso?

Lo más preocupante de este incidente es que el escrutinio de veras no lo han llevado adelante los senadores, sino la prensa. Fueron los periodistas quienes, fieles a su oficio, entienden mejor que los senadores que la desconfianza es a veces un deber cívico, algo que, desgraciadamente, el senador Insulza, entre otros, no parece comprender, puesto que, según declaró, para él es “normal” —esa fue la expresión que usó— que haya mediadores e intermediarios en este tipo de nombramientos. El senador parece creer que lo que se hace de hecho, coincide con lo que es correcto hacer. Y agregó, además, que la prensa ha exagerado en todo esto, que la indagación que ha llevado a cabo ha sido, dijo, “brutal”.

El senador desde luego se equivoca, pero esa equivocación subraya otro rasgo que reveló la audiencia en la que participó la jueza Lusic.

Se trata de la alergia que ella dejó ver acerca de la libertad de expresión. Las quejas de la candidata Lusic (candidata, puesto que durante su comparecencia es candidata y no jueza) dejaron entrever algo que los senadores, incluido el senador Insulza una vez que recupere el sentido crítico, no debieran dejar pasar: la muy errada concepción de la jueza acerca de los deberes y servidumbres que la función a la que aspira impone ante el tribunal de la opinión pública», remata Peña.