Al parecer, el próximo 18 de septiembre no será de fiesta, cueca, zapateo, chicha y empanada para la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, ya que la Contraloría Regional de Valparaíso inició una demanda que derivó en un juicio de cuentas contra la edil y otros 24 funcionarios del municipio por dineros indebidamente pagados.

De acuerdo al informe de auditoría N°577, de enero de 2019, la autoridad contralora detectó la cancelación de dineros por $138 millones tras una investigación realizada el año pasado en donde se analizó el comportamiento financiero del municipio de 2017.

En este sentido, la auditoría mostró que se efectuaron pagos exorbitantes de horas extras, contrataciones indebidas, pagos fuera de norma como fue el caso del Reloj de Flores, contrataciones por parentesco, dobles funciones municipales, información errónea y deuda de facturas, entre otros.

Según consigna El Mercurio de Valparaíso, también se descubrió que a diciembre de 2017 había un déficit financiero de $17.585.250.174.

Luego de meses de revisión, los datos fueron presentados el 2 de julio pasado ante el Tribunal de Cuentas de la Contraloría General de la República.

Además de Reginato, la Contraloría también demandó a 25 funcionarios por un total de $138.057.323 y el objetivo de la acción es lograr la restitución de los recursos públicos mal percibidos o mal pagados.

Los funcionarios demandados son de los departamentos de Administración y Finanzas, Control, Personal, Operaciones y Servicios, afectando a personas como Pablo Staig, Javier Infante, Abel Saavedra, Manuel Echeverría, Luzmira Madariaga, Carlos White, Rodolfo Acevedo, Hugo Espinoza, Eric Acevedo, Eduardo Patricio Moya, Waldo Ceballos, Miguel Salvo, Erwin Jacome, Jaime Arenas, Eduardo Moya, Arturo Baos, Marcia Mena, Alamiro Arias, Ricardo Muñoz, Jaime Grondona, Claudio Morant, Mario Araya, Francisco Brain y Jorge Cafena.

Queda establecido que si el funcionario pierde el juicio debe pagar de su propio patrimonio los montos que determine el tribunal.

Uno de los argumentos que esgrime la Contraloría menciona que “corresponde perseguir en la responsabilidad civil extracontractual de don Pablo Staig Araujo (…) de asesorar al alcalde en la administración financiera de los bienes municipales y la de efectuar los pagos municipales y manejar la cuenta bancaria respectiva”.

Además, se indica que cumplió “negligentemente” el reglamento municipal, puesto que firmó 10 decretos de pago de 2017 “sin advertir que los antecedentes adjuntos no permitían verificar el cumplimiento efectivo de las labores contratadas”.

Otro nombre que aparece es el de Luzmira Madariaga, responsable de firmar dos decretos en 2016 y 2018; Manuel Echeverría por suscribir bajo esa calidad dos decretos de pago de 2016 y 2017 y a Javier Infante por visar bajo ese cargo tres decretos de pago de 2018.

Otro punto de la investigación es el que se refiere al gasto de representación, protocolo y ceremonial, en donde se expone que “Virginia Reginato Bozzo no dio cumplimiento a su deber de supervigilancia, por cuanto o veló que sus subordinados dieran estricto cumplimiento a las normas legales que regulan el desembolso que en definitiva resulta objetado, aun cuando haya delegado la firma de los actos en cuestión, por cuanto independiente de dicha acción el control jerárquico subsiste”.

Y agrega que “de lo contrario la figura de delegación, más que un instrumento para agilizar la gestión pública, se constituiría en una forma de eludir la responsabilidad que la normativa entrega formalmente a las autoridades en el ejercicio de su cargo”.

“Esa autoridad comunal no dio cumplimiento a su deber de supervigilancia, por cuanto no veló que sus subordinados dieran estricto cumplimiento a las normas legales que regulan los desembolsos que en definitiva resultaron objetados, por lo que corresponde perseguir su responsabilidad civil extracontractual, pues aquello configura una omisión culpable y actuar negligente”, señala el informe.

En cuanto al Reloj de Flores, la Contraloría busca perseguir responsabilidad civil extracontractual de Reginato por “haber suscrito el decreto alcaldicio” para la reparación del icónico reloj de la Ciudad Jardín a la empresa Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A. “sin advertir que aquellos montos referentes a retiro de escombros y ornamentación floral no resultan procedente, atendido que dichos gastos debían ser asumidos por la empresa”.

El informe también consigna los pagos a favor de la empresa González y Fierro Ltda., donde la Contraloría menciona nuevamente a Staig y Madariaga de no advertir que “se estaba pagando por un número de personal que la empresa en cuestión no proveyó”.