Dos diputaos de Chile Vamos, Paulina Núñez (RN) y Juan Antonio Coloma (UDI) se lanzaron duramente contra la expresidenta Michelle Bachelet y la oposición, luego que se conociera que la empresa constructora brasileña OAS entregó más de cien millones de pesos a la campaña presidencial de la actual alta comisionada de derechos humanos de la ONU.

Hay que mencionar que Leo Pinheiro, ex presidente de OAS y condenado a prisión por corrupción, declaró que habría donado más de 100 millones de pesos a la campaña de Bachelet a través de la empresa de Giorgio Martelli, este último fue citado a declarar a la Comisión Investigadora el 2016 y que no asistió.

En ese sentido, Coloma precisó que junto a la diputada Núñez establecieron una comisión investigadora para estudiar los alcances de OAS en Chile, indicando que “todos negaron la existencia de cualquier tipo de financiamiento”.

“Se negaron ir al Congreso. Invitamos al presidente del PS, invitamos a Giorgio Martelli, invitamos a los principales financistas que habían participado en la campaña y precampaña de la entonces Presidenta Bachelet y negaron cualquier vínculo con esta empresa brasileña. Lo más grave, es que junto con haber negado algo que aparentemente, según estas declaraciones, “podría ser cierto””, explicó.

Por su parte, la diputada y vicepresidenta de RN sostuvo que “si este financiamiento irregular a una campaña de una expresidenta de Chile se comprueba, estaríamos frente al financiamiento irregular más grave que hemos conocido en la historia de nuestro país; porque cuando se reciben platas desde el extranjero, es la independencia de Chile la que se pone en juego, especialmente si desde el extranjero nos van a decir qué obras se aprueban o qué obras de detienen en nuestro país”.

“Fui una de las parlamentarias que viajó a Brasil en 2017, cuando se conoció la primera declaración de Leo Pinheiro y en esa oportunidad nuestra reunión fue con el procurador general de Brasil quien representa al par del fiscal general en Chile. En esa oportunidad él nos explicó que la declaración de Leo Pinheiro para acceder a una eventual Delación Compensada post condena -él ya estaba condenada por estos delitos en el país- no era segura porque lo que estaba exigiendo Leo Piñeiro era no ser juzgado en Chile”, aclaró la parlamentaria.

En tal sentido, Coloma llamó al PS y a la propia expresidenta Bachelet “a reconocer o negar los antecedentes que se han dicho en Brasil. A señalar si es efectivo o no que recibieron más de 100 millones de pesos para la campaña de la entonces candidata Bachelet, a decir cuál es el verdadero vínculo económico que existe entre el Partido de los Trabajadores y el PS, quienes se han jactado siempre de las buenas relaciones institucionales que poseen”.

Asimismo, los parlamentarios ingresaron un proyecto de ley que busca “llenar un vacío legal” que existe en el ordenamiento jurídico, para que una persona extranjera pueda entregar información y facilite antecedentes para la persecución de delitos en su país no pueda ser juzgada en Chile si es que eso es lo solicitado.

“Que un fiscal por ejemplo, no persiga a esta persona por determinados delitos o incluso detenga la persecución penal si esos antecedentes están sirviendo para destrabar delitos cometidos en otros países. La fiscal Ximena Chong con quien nos reunimos en esa oportunidad también, y que lleva la persecución de dichos delitos, también se reunió en esa oportunidad con sus pares en Brasil y precisamente no pudo continuar con la investigación debido a que hay un vacío legal en nuestro ordenamiento jurídico”, dijo Núñez.

Agregó que “desde el punto de vista legislativo en nuestro Congreso, nosotros vamos a tramitar este proyecto, y le pedimos a la oposición que no ocupe un sesgo -que entienda que hay un vacío legal- que este proyecto no lleva el nombre de ninguna persona en particular, sino que muy por el contrario; lo que busca precisamente es entregar y facilitar la información que personas en el extranjero estén entregando a sus organismos persecutores y que dicha información sea entregada a cambio de no ser perseguidos en su país. Estamos hablando de personas que están optando a una rebaja de condena que entregan más información”.