El escalamiento en la contienda de competencias entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional obligó al gobierno a entrar de lleno en el debate. Si en una primera instancia el ministro del Interior Andrés Chadwick había declinado referirse al tema la mañana de este miércoles, menos de una hora después el titular de Justicia, Hernán Larraín, se refirió al tema en el Patio de Los Naranjos  en La Moneda.

Y tenía mucho que decir, ya que el conflicto, que ha generado una guerra de declaraciones entre ambos organismos, fue calificado por el secretario de Estado como “extraordinariamente delicada y grave, porque de alguna manera pone en cuestión nuestro ordenamiento constitucional».

Asimismo, manifestó que «de alguna manera pone en cuestión nuestro ordenamiento constitucional».

Cabe recordar que el conflicto de competencias surgió luego de un fallo del máximo tribunal en el que desestimó el recurso de una funcionaria municipal que reclamaba la tutela de la justicia laboral en un caso de despido supuestamente injustificado, aún cuando el TC en una sentencia de 2018 resolvió que esta tutela no aplica para los funcionarios públicos.

Intervención normativa

Larraín afirmó que, como Gobierno, “hacemos un llamado a ambas instituciones a que de común acuerdo busquen un camino de solución a esas diferencias que se han manifestado públicamente», agregando que “nosotros no somos como Gobierno un órgano llamado a dirimir esta contienda de competencias y no está resuelto en el orden constitucional nadie que lo haga, por eso es importante que sea las propias instituciones que busquen una solución a esta diferencia de opiniones».

Sostuvo también que si bien esperaban que se resuelva un tema que se viene arrastrando desde hace algún tiempo, “nos reservamos también el derecho en su momento de intervenir de una manera normativa, es decir, propiciando reformas constitucionales, cambio a la ley orgánica, propiciando leyes que puedan de alguna forma contribuir a resolver esta situación si acaso no lo han hecho ambas instituciones».

Lo anterior, debido a que, según detalló el ministro de Justicia, efectivamente no existe en la Constitución, una forma clara para resolver estas diferencias. “Hay muchas contiendas de competencias entre órganos del Estado que tiene camino de solución, pero ésta en particular no. Se supone que el TC tiene un ámbito específico de competencias, dictaminado por la Constitución y que la Corte Suprema tiene otro, y que por lo tanto, no debería haber traslape de funciones».

De todas formas, Larraín aplaudió el diálogo directo entre los presidentes de ambas instituciones, manifestando que «en el intertanto estamos viendo qué alternativas del ámbito normativo podemos encontrar para buscar soluciones más de fondo y más permanentes, sea a través de una reforma constitucional, de una ley orgánica o de una ley simple, respecto a un recurso determinado». Ello, recordando el proyecto de reforma al Tribunal Constitucional que La Moneda trabaja desde hace algunos meses.