Candidato de Burgos para Contralor fue demandado por el CDE

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El ministro del Interior, Jorge Burgos, tiene su propia carta para reemplazar al ex contralor Ramiro Mendoza, quien dejó su cargo hace cinco meses. Se trata de Enrique Rajevic, asesor del Ministerio de Vivienda.

El abogado, licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile, Máster en Política Territorial y Urbanística y Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, corre con ventaja, por cuanto no sólo cuenta con la simpatía del jefe de Gabinete sino también con un respaldo mayoritario dentro del oficialismo.

Burgos sabe que su carta tiene ventajas por sobre los otros naipes: Macarena Lobos (asesora de Hacienda), Jorge Correa Sutil (ex subsecretario) y la propia contralora subrogante, Patricia Arriagada (funcionaria de carrera de la Contraloría).

Pese a este alentador panorama, el candidato de Burgos tiene dos obstáculos que pasar. Uno, que su nombre se caiga -como los demás- antes de poder buscar un acuerdo con la oposición. Y dos, una antigua situación que podría reflotar en su contra.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una demanda en mayo de 2010 en contra de Rajevic por el no pago de una beca concedida por el Ministerio de Planificación y Cooperación (Mideplan).cde

El beneficio se le fue otorgado para que realizara un programa conducente a un Doctorado en Derecho, en la Universidad Carlos III de Madrid, entre los años 2000 y 2003.

La demanda, que está pre archivada en el Poder Judicial y que no está disponible en la página web del CDE, tiene seis páginas.

Si bien Rajevic habría cancelado la deuda que asciende a la suma de $31.133.145, en La Moneda se prevé que no estarían los votos en el Senado.

“El Ministerio de Planificación y Cooperación, en adelante “Mideplan”, por acuerdo número ciento cincuenta y seis, de dos mil, del comité seleccionador de la beca nacional “Presidente de la República” concedió a don Enrique Petar Rajevic Mosler, ya individualizado, una beca para realizar un programa conducente a un Doctorado en Derecho, en la Universidad Carlos III, en la ciudad de Madrid, España”, dice el documento, y continúa que “dicha beca le fue concedida dentro del marco del DFL. N°22 de 1981 del Ministerio de Planificación y por el plazo de 3 años, la que haría efectiva a partir del período académico 2000 al 2003″, dice la demanda.

En el escrito se estableció que Rajevic recibió el pago de los pasajes idea y regreso, un subsidio mensual para gastos de manutención equivalente a US$820, el pago de los gastos de matrícula, una asignación de US$300 anuales para libros y materias de estudio, y una asignación de US$700 anuales para cubrir el seguro de salud, entre otros que estaban expresados en el marco legal de la beca.

Todos los costos los asumió el Mideplan como ente administrador del Programa de Becas.

De igual modo, el documento consignó que el abogado se obligó a cumplir cabalmente las condiciones “especificadas en las cláusulas ya citadas y demás pertinentes del “Acta de Compromiso y Otorgamiento de Caución”.

“En el ejercicio de las facultades concedidas por el DFL N° 221/1981, y en virtud de lo acordado en el “Acta de Compromiso y Otorgamiento de Caución” ya reseñada tantas veces, Mideplan ante el incumplimiento del becario don Enrique Petar Rajevic Mosler, dispuso ponerle término a los beneficios de la beca concedida y a cobrar por esta vía los emolumentos que solventó para el Doctorado que cursaría el demandado Sr. Enrique Petar Rajevic Mosler”, y en el siguiente párrafo afirma que “en tales circunstancias, ambos demandados están obligados a restituir lo que el Ministerio de Planificación y Cooperación (Mideplan) hubiere pagado por concepto de la beca, monto que asciende a la suma de $31.133.145, en moneda extranjera o en moneda de curso legal”, agrega.

“Por tanto, en virtud de lo expuesto, y normas citadas, ruego a SS. se sirva tener por deducida demanda ordinaria de cobro de pesos en contra de don Enrique Petar Rajevic Mosler, en su calidad de deudor y de fiador y de codeudor solidario, respectivamente, a fin de sea condenado a pagarle al Fisco de Chile, la suma de $31.133.145″, concluye.

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