Fue en mayo pasado cuando la subsecretaría de Hacienda suscribió un contrato con el abogado y actual candidato a Contralor, Enrique Rajevic, para entregar servicios en «Estudios y Asesoría técnica en materias referidas a empleo público para el cumplomiento del protocolo de Acuerdo entre la Mesa del Sector Público y el Gobierno de Chile año 2015».
Según la resolución Exenta Nº 135, fechada el 30 de abril, el pago de Rajevic corresponde a un total de $24 millones y se concretará en la medida que se vayan cumpliendo distintos hitos fijados entre mayo y diciembre de este año, cada uno de ellos con un pago de $3 millones.
Este contrato estaba vigente cuando Bachelet lo postuló anoche como Contralor, una traba más para que Rajevic sea ratificado por el Senado, según el diputado Felipe Ward, ya que se está ante un contrato «personal e intransferible, es decir, que no se puede delegar o subcontratar y la ley orgánica establece que las remuneraciones que goce el personal de la Contraloría serán incompatibles con cualquier otra que corresponda a servicios al Estado».
«Además de las incompatibilidades, es evidente la existencia de inhabilidades para ejercer el cargo (…) La persona que se está proponiendo como Contralor, lamentablemente para él y para el país tiene una serie de temas pendientes con el Estado. No es la persona más idónea, no genera consenso ni siquiera al interior de la Nueva Mayoría y fue otro error del Ejecutivo», dijo el parlamentario a The Clinic.
