El otro contrato que inhabilita al candidato de Burgos para que llegue a Contraloría

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Entre el 15 de septiembre al 30 de diciembre de 2014, el abogado cercano a la DC Enrique Rajevic prestó servicios para el Ministerio de Economía. El profesional cuenta con el apoyo de La Moneda y en particular del ministro del Interior, Jorge Burgos, para reemplazar al Contralor Ramiro Mendoza, quien dejó el puesto vacante el pasado 10 de abril.

Según consta la propia página de la cartera, en su sección de Transparencia, Rajevic recibió por esos servicios $2.000.000 mensuales con la siguiente excepción: “Mes de septiembre se pagó en forma proporcional a días trabajados”.

Se describe en la Dotación de Honorarios que su labor fue específicamente “asesorar al ministro en materias relativas a la aplicación de los procedimientos administrativos regulados en el marco de la Ley Nº 19.496 en función de los requerimientos administrativos y demás necesidades que se detecten con relación a dicha materia. Dentro de las labores que se le encomiendan, durante el transcurso del contrato, se encuentra la revisión del cumplimiento de la Ley Nº 19.880 en lo relacionado con el artículo 58 F) de la Ley Nº 19.496, el análisis exhaustivo de la aplicación de los procedimientos administrativos en el marco de la Ley Nº 19.496, en función de los requerimientos administrativos y las demás necesidades y/o problemas que se hayan detectado y proponer eventuales modificaciones normativas a los procedimientos estudiados y revisados, sobre la base de la evidencia observada y el ordenamiento jurídico nacional”.

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El trabajo realizado por la carta de Burgos para dirigir la Contraloría General de la República durante esos pocos meses en el Ministerio de Economía lo inhabilita o se presenta como una incompatibilidad para que pueda asumir el cargo dejado por Mendoza.

Esto, por la ley 19.880, que norma los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos del Estado, será causal de abstención el “tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar”.

Ley 19.880
Ley 19.880

Ejemplo de ello, sería el caso Rafael Guilisasti, quien renunció al consejo directivo de la Corfo para asumir como presidente de las sociedades cascada SQM. Rajevic estaría inhabilitado por haber prestado servicios a un Ministerio incumbente: El de Economía.

Esta situación se suma al servicio que prestó el abogado a la Subsecretaría de Hacienda en junio de este año y que llevaba por nombre: “Estudios y Asesoría Técnica en Materias Referidas a Empleo Público para el Cumplimiento del Protocolo de Acuerdo entre la Mesa del Sector Público y el Gobierno de Chile año 2015“.

El profesional fue contratado para realizar diversos estudios y asesorías sobre materias relacionadas con empleo público. El trabajo fue adjudicado mediante trato directo y el contrato se firmó el pasado 20 de mayo, encontrándose vigente hasta el 31 de diciembre de 2015.

El contrato establece que Rajevic debe entregar un total de ocho informes mensuales o estados de avances de sus estudios entre mayo y diciembre de 2015. Por dichos servicios el abogado cercano a la DC recibió $24.000.000, los que fueron pagados en ocho cuotas, cada una de tres millones de pesos.

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