Una deuda con las mujeres de Afganistán

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    En las últimas semanas, los ojos de Afganistán y de los actores internacionales con intereses en este conflicto han estado puestos en Kunduz. La reciente ofensiva Talibán en esta ciudad y la respuesta de los Estados Unidos en la que resultó afectada una sede de “Médicos sin Fronteras” han dado lugar a una discusión profunda que va desde lo estratégico hasta el campo de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

    Mientras la crisis se acentúa y las posiciones se polarizan alrededor de las perspectivas de prolongar la presencia de las fuerzas estadounidenses o de contemplar de nuevo una salida negociada, hay una agenda que pese a sus esfuerzos no logra llegar a los altos círculos de decisión política, ni siquiera de manera contundente a la opinión pública. Mientras el cubrimiento de los medios se ocupa de los asuntos militares y de las “víctimas visibles”, en Kunduz se registran violaciones a los derechos de las mujeres que van desde las amenazas y los límites a la libertad de expresión hasta los casos de homicidio, violencia sexual y la penalización por lo que se conocen como crímenes o delitos morales.

    La ofensiva talibán en Kunduz ha hecho de las organizaciones de mujeres un objetivo estratégico y es necesario que tanto el gobierno afgano como la comunidad internacional haga una reflexión sobre el porqué y tome medidas al respecto. Los casos registrados no pueden ser asumidos de manera aislada. Por el contrario, deben ser reconocidos como violaciones sistemáticas a los derechos de las mujeres afganas y en consecuencia el gobierno afgano debe emprender acciones efectivas de protección. Es hora de entender que la agenda de derechos humanos y en particular los derechos de las mujeres tienen serias implicaciones en la agenda de seguridad y un elemento crucial en una agenda que quiera orientarse a la construcción de la paz.

    Afganistán ha sido protagonista de un importante avance en las iniciativas en las organizaciones de mujeres. “Mujeres por las mujeres afganas” y el “Centro para el empoderamiento de la Mujeres” congregan organizaciones de base alrededor del objetivo de garantizar el goce efectivo de los derechos de las mujeres, proteger de la violencia basada en género, garantizar las libertades fundamentales y abrir paso a la incidencia de las mujeres en la esfera política. Objetivos realmente ambiciosos en una sociedad que en muchos sectores sigue revistiendo con un discurso cultural y de ejercicio de la soberanía, hechos que a todas luces constituyen violaciones a los derechos humanos.

    El presidente Ashraf Ghani ha manifestado en múltiples oportunidades el compromiso de involucrar efectivamente a las mujeres en el proceso de diálogo de Afganistán cuando sea el momento correcto. Dicho compromiso puede quedar en la retórica en la medida que aquello que el presidente define como “el momento correcto” no es más que un eufemismo para dilatar la discusión de un tema neurálgico y con gran capacidad para dividir a los actores.

    En el marco del aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad “Mujer, Paz y Seguridad” bien vale la pena hacer de el caso afgano un escenario efectivo para su aplicación en el entendido de que la priorización de la agenda de género es un tema de seguridad y es también un presupuesto para la paz.

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