Sanciones de cárcel para la colusión: Una medida acertada

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    En los últimos días se puso fin a la colusión que afectó al mercado del papel confort y otros de la línea “tissue” por más de 10 años. Fue más de una década donde se perjudicó a millones de chilenos de todas las clases sociales que consumen a diario estos productos. Y si bien los perjuicios económicos a los consumidores aún no están claros, se calcula que las empresas coludidas habrían generado utilidades –solo por concepto de este acuerdo- sobre los 23 millones de dólares anuales.

    Sin embargo, y a pesar de la evidente necesidad de sancionar estas conductas con penas de cárcel como lo hacen países como Estados Unidos, en Chile durante el gobierno del ex Presidente Lagos se impulsaron una serie de reformas que de paso eliminaron las sanciones penales para las prácticas monopólicas.

    Hoy en día, al no existir un delito propiamente tal, la Fiscalía persigue estas conductas con figuras del Código Penal que tienen casi un siglo y medio, y cuya utilidad es cuestionable tratándose de colusión.

    Por lo mismo, hace algunos días despachamos de la Cámara de Diputados una iniciativa que sanciona la colusión con pena de cárcel de 5 a 10 años y la inhabilitación absoluta para desempeñar cargos directivos en organizaciones como los partidos políticos, asociaciones de consumidores y agrupaciones empresariales, por un plazo de cinco años.

    Asimismo, se incorporaron las siguientes modificaciones:

    • Tratándose de conductas colusivas referidas a bienes de primera necesidad, se aplicará el tramo superior de la pena, esto es de 7,5 a 10 años y no de 5 a 10 como es la regla general.
    • Se establece una regla similar a la de la ley Emilia, en orden a suspender cualquier beneficio por el plazo de un año, lo que supone purgar al menos 1 año privado de libertad.
    • La multa ya no es una cantidad variable con máximos y mínimos, sino que se calcula hasta en un doble de las ganancias obtenidas por los beneficiados por la colusión.

    Seguiremos legislando en favor de los consumidores, sancionando a quienes desde su posición dominante, fijan ilícitamente precios que afectan el bolsillo y los presupuestos de millones de chilenos.

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