A mediados de 2015, se solicitó a la Contraloría General de la República que investigara sobre una serie de denuncias en contra de la ex directora regional del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), Cristina Pavez.

Entre las irregularidades se consigna lo sucedido con una mercadería recolectada para damnificados del norte y del incendio de Valparaíso.

Productos que según el diputado UDI, Osvaldo Urrutia, habrían sido retirado del Injuv por la misma directora, con el fin de no ser acusada de no entregar oportunamente la ayuda.

De igual modo, se denunció malos tratos, acoso laboral y exigencias de trabajo que sobrepasan lo pactado en los contratos.

Pavez, quien renunció a su cargo, acusó entonces persecusión política.

Este lunes, Contraloría dio a conocer sus conclusiones:

1. De acuerdo a lo informado por el ex funcionario de ese organismo, don Felipe Medina Maldonado, parte de la ayuda recibida para los damnificados por el incendio que afectó a la ciudad de Valparaíso y por los temporales ocurridos en el norte del país, fue entregada en actividades deportivas y a personas vulnerables, sin mediar controles que así lo acrediten, a lo que se agregaría una cantidad indeterminada de bienes retirados por la ex Directora Regional de ese Instituto, respecto de los cuales se desconoce el uso que finalmente se le dio.

En atención a que lo señalado podría comprometer la eventual sustracción de bienes, y con ello configurarse la comisión de un hecho delictual, con la participación de ex funcionarios de la Dirección Regional de ese Instituto, esta Contraloría Regional remitirá el presente informe a la Fiscalía Local de Valparaíso para los fines que estime procedentes.

2. La Dirección Regional del Instituto Nacional de la Juventud carece de un manual de procedimientos que regule las rutinas administrativas de ingreso, mantención y salida de insumas de su bodega, como asimismo de un sistema de control que permita determinar a una fecha dada, el saldo de las especies almacenadas en esas dependencias, por lo que dicha entidad deberá proceder a la elaboración del manual comprometido, lo que será comprobado en una futura fiscalización.

3. En relación con las actuaciones que podrían constituir acoso laboral o mal trato en contra de funcionarios de esa repartición, se comprobó que su Director Nacional, por medio de la resolución exenta N° 1.851, de 29 de julio de 2015, ordenó instruir una investigación sumaria, que a la fecha de este informe aún se encuentra en desarrollo, correspondiendo que la autoridad adopte las medidas necesarias para agilizar la tramitación y conclusión de ese proceso, remitiendo a esta Entidad Fiscalizadora el acto administrativo que lo afina, para efectos de cumplir con el trámite de toma de razón, si procediere.

4. En el recinto utilizado como bodega por esa entidad, se constató la existencia de galletas que no fueron entregadas, en su oportunidad, a los voluntarios que participaron en la reconstrucción de la ciudad de Valparaíso después del incendio ya señalado, como lo dispuso la empresa que las donó, y que actualmente se encontraban vencidas, por lo que fueron retiradas y desnaturalizadas junto a otros alimentos -de los cuales se desconoce su procedencia por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso, medida que subsanó dicha situación, no obstante, ese organismo deberá evitar la reiteración de tal hecho, lo que será evaluado en futuras fiscalizaciones.