Presidente de BCI admite pago por facturas falsas de Golborne

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“Me pareció que (Laurence  Golborne) era una buena carta política para defender el libre mercado”. Claro y directo. Esas fueron parte de las plalabras que el presidente y controlador del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), Luis Enrique Yarur, indicó ensu declaración como imputado el 13 de enero ante el fiscal regional Oriente Manuel Guerra y el jefe de la Unidad de Alta Complejidad, Carlos Gajardo. Reconoció así los aportes políticos al ex candidato. Yarur dijo que “hay dos casos en que sí puedo vincular el aporte político que es el caso de dos sociedades: Vox Comunicaciones y VSA. Ambas las vinculo a peticiones que me realizó para la campaña presidencial don Laurenece Golborne, quien me solicitó y facilitó estas facturas”.

Según dijo, el ex ministro de Minería de Sebastián Piñera lo fue a visitar “en un par de ocasiones en mi oficina y me dijo que necesitaba recursos para su campaña y que ofrecía facilitar servicios de dos empresas, una del rubro de análisis de prensa y la otra de contabilidad, me dijo que eran empresas muy grandes. Yo accedí a su solicitud”.

Aseguró  no tener claro el monto exacto que le entregó, pero que era una cifra cercana a los $ 100 millones. “No hay servicios que se hayan prestado por esas empresas, los servicios no existen y como dije fueron aportes para la campaña de Laurence Golborne”, aseguró.

En su declaración reconoce abiertamente que tenía una preferencia política por Golborne como candidato presidencial, lo mismo hace con la UDI. “Yo tengo afinidad por un partido político que es la UDI y por lo tanto presumo que todos estos aportes son para personas de dicha agrupación”, dijo, refiriéndose a otros pagos rectificados por el BCI ante el Servicios de Impuestos Internos.

Se refiere a dineros recibidos por Ana Carolina Palacios, cuñada de la ex jefa de gabinete de Pablo Longueira; Carmen Soza del Río, ligada a la Fundación Jaime Guzmán; Juan Masferrer, ligado a la UDI;  Gustavo Alessandri, ex concejal UDI; el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter; y el estudio jurídico Ossa, Long y Macaya, perteneciente al diputado UDI Javier Macaya. También nombra a Ximena Carvacho y Jorge Brito.

“En todos estos casos son aportes políticos y las boletas o facturas tienen mi visto bueno, que es mi media firma. Sé que son aportes políticos, porque se compararon a estas personas con la lista de proveedores y estas personas no le prestaron ningún servicio al banco”, dijo.

Zalaquett y Kast serían casos aparte

Respecto al ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquett, declaró que le prestó asesorías entre 2008 y 2013, y luego también en 2015. “En las reuniones que tenía con Pablo surgieron ideas que luego se implementaron (en) el banco. Durante todo este periodo que Zalaquett fue alcalde de La Florida y Santiago y en las licitaciones que participamos tanto en la Municipalidad de Santiago y La Florida, nosotros perdimos todas las licitaciones en que participamos”, indicó.

Aseguró que hay otras empresas  que sí  dieron servicios al banco, las que sin embargo fueron rectificados por el BCI. Una de ellas es Marne SPA, de la que es socio el diputado de Evópoli, Felipe Kast. “Lo que me dijo Fernando Vallejos es que Marne prestó servicios en 2014 (…) A Felipe Kast no lo conozco, no tengo vínculos con él, no me ha pedido apoyo ni yo he autorizado algún tipo de apoyo a su campaña”, sostuvo el empresario.

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