Con preocupación reaccionó el Colegio de Periodistas ante la difusión del acuerdo al que llegó la Comisión de Constitución del Senado y que fuera refrendado la semana pasada, en el sentido de sancionar con presidio al que “violare las normas sobre secreto” relacionadas con investigaciones judiciales.

Al rechazo que esta decisión ha generado entre los fiscales, se sumó la orden profesional toda vez que el ámbito de aplicación sería a todas las personas, incluidos los periodistas, recrudeciendo penas de manera desproporcionada. Esto, en un contexto en el cual ha sido, precisamente, la prensa la que ha permitido, a través de distintas investigaciones, ir develando ilícitos en el ámbito de la política e intereses privados o permitir que la ciudadanía conozca estos hechos. Esto revela que sin la presión de los medios que legítimamente apuestan con convicción por la trasparencia, la democracia se verá aún más dañada de lo que está al día de hoy.

“Una democracia fuerte más que poner trabas a que la ciudadanía se informe sobre temas de interés público profundiza la transparencia a todo nivel, incluso en el actuar del sistema judicial” señalaron desde la organización. Agregaron que “más aún, nos preocupa y es una muy mala señal, que sea el sector político, ampliamente cuestionado por la colusión de intereses privados y empresariales, el que avance en esta medida. Se puede interpretar como una defensa corporativa o un manto de protección a quienes están siendo investigados por ilícitos, más que una preocupación real por cuidar las investigaciones”.

En este sentido indicaron que “vemos un trato discriminatorio: el tema se pone sobre la mesa hoy cuando hay actores con mucho poder involucrados en investigaciones judiciales, pero no así cuando son ciudadanos comunes y corrientes, y particularmente de sectores vulnerables, los que son afectados por filtraciones, muchas veces difundidas ampliamente sin cuidado ético alguno por la presunción de inocencia”.

Desde el Colegio de Periodistas puntualizaron que esta determinación abre la puerta a la lesión del derecho humano a la información. Concluyeron señalando que “la posibilidad de informar y estar informado es un derecho humano. Y claro está que no debe abrirse puerta alguna a su conculcación, pues la democracia se fortalece con transparencia y no con oscurantismo”.

En la organización harán gestiones para que el articulado sea rechazado en la Cámara de Diputados, con el fin de que en Comisión Mixta se deseche definitivamente, al igual que otros artículo atentatorios contra los derechos individuales como el control preventivo de identidad.