Crean Comisión Investigadora para indagar traspaso de terrenos a las FF.AA. de Orden

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Como una consecuencia directa del caso de los traspasos de terrenos a CEMA Chile y los procesos de venta que la institución vinculada a la dictadura realizó, es que este viernes -por unanimidad- la Cámara de Diputados aprobó la conformación de una Comisión especial Investigadora encargada de fiscalizar el cumplimiento por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad pública, del objeto de las destinaciones de inmuebles fiscales efectuadas por el Ministerio de Bienes Nacionales.

Otro de los objetivos de esta iniciativa es establecer si la administración y enajenación de los mismos se ha ajustado al objetivo de las referidas destinaciones, a la legislación vigente y, en especial, a los criterios establecidos por la Contraloría general de la República.

La instancia corresponde a una solicitud presentada por 58 diputados, encabezados por el PPD, Joaquín Tuma, que esperan se pueda conocer el destino de los terrenos fiscales que fueron traspasados a las Fuerzas Armadas, particularmente, en marzo de 1990 días antes del cambio de gobierno.

Tras la votación, el diputado Tuma explicó que la idea es verificar si estos bienes están siendo ocupados para el objetivo por el cual fueron transferidos y no que terminen en gestiones inmobiliarias como fue el caso de un terreno en la comuna de Victoria, que la Contraloría General de la República determinó que el Ejército no podía vender y cuyo valor asciende a 790 millones de pesos.

Ese mismo dictamen habría señalado la obligación del Ministerio de Bienes Nacionales de fiscalizar esta situación y poner término a la transferencia cuando los terrenos no sean utilizados por el beneficiario.

“Si hay terrenos que no se utilizan, se devuelven; y si se vendieron, queremos conocer el resultado de esos procesos, los precios de ventas, los intervinientes y el destino final que han tenido, especialmente en aquellos casos donde los bienes han sido requeridos por otras instituciones del Estado, como municipios, para desarrollar obras públicas o sociales”, manifestó el diputado PPD.

La comisión tendrá un plazo de 90 días para su cometido

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