«Fue una diligencia que se dio en términos muy normales», sostuvo el fiscal de Rancagua Sergio Moya en relación a la declaración que en calidad de testigo prestó la Presidenta Michelle Bachelet, el pasado martes en el marco del caso Caval.

«Se obtuvo toda la información que estábamos buscando. Hubo un claro ánimo de cooperación, declaró sin la asesoría de nadie, declaró sola», detalló el persecutor a La Tercera.

La diligencia, efectuada en el Palacio de La Moneda, tenía como fin conocer si la mandataria tuvo conocimiento de la operación inmobiliaria de Caval, empresa de su nuera, Natalia Compagnon. Específicamente, en la compra de tres terrenos en Machalí gracias a un crédito otorgado por el Banco de Chile por $6.500 millones.

Ese mismo día, el ministro del Interior, Jorge Burgos, dio a conocer la diligencia: «Hace aproximadamente 15 días, estándo la Presidenta en Suecia y yo de Vicepresidente, recibí de la Fiscalía Nacional un documento, mediante el cual el fiscal que lleva la causa Caval solicitaba la declaración como testigo voluntaria de la Presidenta de la República (…) cuando llegó de su viaje, le dije que el oficio lo había recibido, y la Presidenta me señaló de inmediato ‘estoy disponible para declarar de manera inmediata’. Ella no tuvo ningún minuto de duda, me dijo ‘no tengo nada que ocultar'».

«La declaración en este momento la tiene el fiscal. El momento en que se levanta la reserva lo determina la fiscalía», agregó el jefe de Gabinete.

En esa línea, Burgos aseguró que no dio a conocer antes la declaración de la Presidenta Bachelet «para que la información no se cruce con la lamentable forma de expresarse de este fulano».

Esto, en relación a la filtración de presuntas conversaciones telefónicas de Juan Díaz, donde el operador de Caval mencionaba a Bachelet.

El fiscal de Rancagua aportó además que la «declaración (de Bachelet) generó nuevas diligencias» y que por eso fue decretada bajo reserva durante cuarenta días.

El testimonio de Bachelet, así, daría mayores pistas a una causa que ya tiene formalizada a una docena de imputados, entre ellos la nuera de la Presidenta, el otro socio de Caval, Mauricio Valero, el síndico de quiebras, Herman Chadwick, Juan Díaz y la ex asesora de la Municipalidad de Machalí, Cynthia Ross Wiesner.

«Adoptando los resguardos adecuados, se puede asegurar una reserva como la de esta diligencia (declaración de Bachelet) y de otras. Cuando perdemos el control es cuando les entregamos las copias a los intervinientes. Y al día de hoy hay más de 40 abogados habilitados y de ahí perdemos el control de la información, que es lo que pasó con la famosa escucha (telefónica)”, ahondó el fiscal Moya.

“La transcripción de esa escucha fue entregada a principios del mes de enero de este año, está en poder de muchas personas y recién ahora se publicó. Ahí no hay ninguna situación irregular de parte ni de la fiscalía ni de Carabineros”, acotó.