La noche del jueves 26 de mayo, el día en que la edición on line de Revista Qué Pasa (Copesa y de propiedad de Alvaro Saieh) publicó el reportaje que divulgó escuchas telefónicas del operador UDI Juan Díaz, provocó una inédita reacción de la Presidenta Bachelet, que antes de viajar al Coyhaique, dijo: “Respecto a una información de un medio nacional, que me involucra, que aparece mi nombre, desmiento tajantemente toda esa información. Es una canallada, una infamia”. Hasta ahí la evaluación pública y de los analistas era positiva para la jefa de Estado agraviada por los dichos de un investigado por el Caso Caval.
La reacción inicial de Bachelet incluso causó apoyo transversal y simpatía. Pero todo cambió radicalmente una vez que se anunció –por parte del vocero de Gobierno- la querella contra el medio, el director, el editor y los dos periodistas de Qué Pasa que escribieron la nota. La mentaa querella a título personal como defiende la Presidenta y el abogafo Juan Pablo Hermosilla, ha desatado un verdadero temporal de críticas que lejos de ayudar a sacar a la Presidenta del caso Caval, la colocan en su centro afectando gravemente su imagen, ahora vinculada a la acción represora que significa una acción judicial contra la prensa.
Pareciera ser que el entorno inmediato a la Mandataria olvidó el necesario análisis de proyección de la acción judicial, no la proyección legal, sino que la que provocaría en el opinión pública y en la prensa en general, que dicho sea de paso, no ha tenido una relación fácil con La Moneda.
En este marco, y a más de una semana de los hechos, la querella a Qué Pasa se ha tornado en un problema para el Gobierno, porque ha cambiado el eje de la agenda y sigue siendo el tema principal.
Este domingo los columnistas y abogados Carlos Peña y Jorge Navarrete destrozan la medida adoptada por la Presidenta.
Navarrete escribió en La Tercera (Copesa) “Previo a dar cualquier opinión sobre la querella que interpuso Michelle Bachelet contra cuatro periodistas de la revista Qué Pasa, es importante declarar y recalcar que soy columnista habitual de La Tercera por casi 10 años, periódico que junto al semanario cuestionado y otros medios son parte del grupo Copesa. Además, por esta actividad recibo honorarios específicos.
Dicho lo anterior, y como una persona cercana a las comunicaciones, creo que sí puede hacerse un severo reproche ético a la forma en cómo se publicó la información, tanto en lo que se refiere al valor periodístico asignado a esas escuchas, como a las inexplicables diferencias entre la versión física y la digital (corregida sólo unas horas después). Como abogado, tengo dudas de que pueda configurarse el delito de injurias graves con publicidad, ya que proferir no es lo mismo que divulgar; amén de la poca acogida que actualmente tienen estas acciones. Como un aficionado observador de la realidad política, considero que esta querella es un error táctico de proporciones, que inexplicablemente soslayó evidentes costos y consecuencias que ya se están pagando.
En toda actividad pública, especialmente en la política, el cómo las cosas parecen, se presentan o perciben, resulta tanto o más relevante que la justicia material de hay detrás o la verdad que se alega. Entonces, e incluso suponiendo que la acción judicial pudiera tener éxito, esta querella es un despropósito porque: uno, pudiera verse como un acto de venganza contra la revista que destapó el caso Caval, involucrando a la familia de Bachelet”.
Por su parte Carlos Peña, en su tradicional columna-sermón dominical en El Mercurio escribió “¿Ciudadana o Presidenta?
Uno de los rasgos más llamativos de la querella presentada contra la revista Qué Pasa ha sido el intento de distinguir entre la ciudadana Michelle Bachelet, por una parte, y el cargo de Presidenta de la República, por la otra.
La querella habría sido -se ha dicho- presentada por la ciudadana y no por la Presidenta.
La distinción tendría un objetivo aparentemente razonable: poner de manifiesto que, frente a la maledicencia, ella está tan herida en su honra como lo estaría cualquier hijo de vecino. Ella no se sentiría dañada como Presidenta, sino como persona común y corriente, y en este último carácter habría recurrido a los tribunales.
Suena bien. Pero no está bien. Y no está bien por dos razones.
La más obvia es jurídica.
Como el cargo de Presidenta de la República y los deberes que impone son del máximo interés público, de ahí se sigue que quien ejerce ese cargo posee un umbral de protección frente al escrutinio de la prensa, o incluso la maledicencia de las personas, que es más débil que el que tiene un ciudadano común y corriente. Como cualquier abogado sabe, quien ejerce un cargo público está menos protegido frente a la prensa que un ciudadano.
Así, entonces, cuando la Presidenta pretende que su querella contra los periodistas es la de una simple ciudadana, aparece pretendiendo un umbral de protección mayor al que, en razón de su cargo, está sometida. Así, lo que pudo ser un gesto de sencillez -decir que no actúa como Presidenta, sino como ciudadana- acaba siendo, objetivamente, una estrategia de protección. Pero eso no es aceptable: la Presidenta no puede esgrimir (como lo hizo) su carácter de ciudadana cercana y empática para obtener el poder presidencial, y luego (como se la hace aparecer hoy) esgrimir ese mismo carácter para evitar las servidumbres que ese poder le impone.
La otra razón es política.
Al invocar una condición de mera ciudadana, la Presidenta hace un esfuerzo por reverdecer el atributo que ha caracterizado su vida pública: su espontánea capacidad de sintonizar con las audiencias, su comportamiento de persona de a pie, ese talante que justamente por no presumir de aura alguna, la tenía. Pero ese hechizo -como las encuestas lo ponen de manifiesto- se deshizo. Y se esfumó como consecuencia del mismo caso al que pertenecen las declaraciones que la enardecieron y por la publicación de las cuales ahora se querella. La situación entonces no puede ser peor. La querella, en vez de apagar el fuego de Caval, lo sopla y lo atiza: mantiene en la esfera pública, a disposición de las audiencias y de la ciudadanía de a pie, impidiendo se le olvide o se desvanezca, el mismo caso que ha erosionado su prestigio y que con esta querella intentó absurdamente contener.
Es difícil imaginar un asunto con peores pérdidas para todos los partícipes -los querellantes, los querellados, los testigos, las instituciones- que el caso que ahora se inicia.
Una Presidenta atada, mientras dure el proceso judicial, al caso que la atormenta ya más de un año; periodistas describiendo en estrados el proceso de edición y contribuyendo así a que se someta su oficio, hasta hace poco orgulloso, al escrutinio judicial; ministros testificando obligados -era que no- las emociones presidenciales; preferencias políticas y editoriales, código penal en la mano, revisadas por un juez; una querella contra periodistas interpuesta con el pretexto de proteger la verdadera libertad de expresión; Chile, en fin, expuesto ante la comunidad internacional, la Sociedad Interamericana de la Prensa y la Relatoría de la Libertad de Expresión, como un país alérgico a la libertad de prensa, dando pretextos fáciles para que se le compare tontamente con la Argentina de Kichner o el Ecuador de Correa.
No cabe duda.
La estrategia de la querella parece diseñada por un adversario de inteligencia enrevesada que se hubiera propuesto no sacar nunca a la Presidenta de esa arena movediza -el caso Caval- por la vía de convencerla de que está saliendo, mientras al mismo tiempo le sugiere hacer todo lo necesario para hundirse todavía más en ella”, sentencia el abogado rector.
Este domingo, en el programa de debate Estado Nacional, el tema de entrada y principal fue también las repercusiones de la querella de la ciudadana Bachelet.
