Las claves tras la confesión de Iván Fuentes que ponen en la mira a Patricio Walker

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Teníamos que financiarnos de alguna manera“, dijo el diputado Iván Fuentes en un reportaje de Informe Especial emitido el domingo pasado en TVN.

El parlamentario confesó a la periodista Paulina de Allende-Salazar haber recibido entre 2012 y 2013 -cuando era dirigente de los pescadores- un financiamiento mensual de la Industrias pesqueras del sur (Fipes), principal agrupación de pesqueras industriales de la zona.

La investigación periodística da cuenta de una serie de correos electrónicos entre la gerente general de Fipes, Valeria Carvajal, y el Consejo Regional de los Fiordos y Archipiélagos de Aysén (Corfapa), organización que era presidida entonces por Iván Fuentes.

El legislador recibía un financiamiento mensual de $1.5 millones. De igual modo, el vicepresidente de Corfapa, Misael Ruiz, era beneficiario de aportes.

Además, Fuentes recibió otros fondos cuando era candidato a diputado. Dineros que fueron gestionados por el senador DC por Aysén, Patricio Walker.

El foco hay que ponerlo en dos asuntos: las platas fueron entregadas cuando se discutía la Ley de Pesca en el Congreso y los actores secundarios de esta trama, Ruiz, Azócar y Miguel Ángel Calisto, tienen intereses que van más allá de las demandas de los pescadores artesanales.

Los hombres detrás de Fuentes y Walker

El senador DC Patricio Walker y el presidente del Consejero por la Provincia de Coyhaique, Miguel Ángel Calisto, tienen una relación laboral.

El vínculo, que aparece en la sección de transparencia de la página del Senado, se inició en marzo de 2014 cuando Calisto asumió la presidencia del CORE.

Calisto, ex PRI y otrora delfín de Adolfo Zaldívar, presta asesorías comunicacionales a Walker a través de su empresa de comunicaciones.

“Es una prestación de servicios profesionales tal cual en el rol de periodista, soy un profesional por lo tanto puedo ejercer libremente la profesión así lo mandata la ley”, sostuvo Walker.

Consejeros del PS pusieron reparos a esta relación asegurando que “no es correcta ni conveniente, porque precisamente es la transparencia la que está demandada a gritos por la ciudadanía”.

En esa línea, Julio Rossel, presidente del PS comunal Aysén y consejero, arremetió: “A fines de noviembre de 2014 el senador Walker llamó al gobierno para crear un subsidio de energía eléctrica. El hermano del senador en la región tiene un proyecto energético privado (…) no puede interceder por él en forma directa, pero sí tiene a Miguel Ángel en el CORE solicitando hoy en día ese subsidio. Eso no es correcto. Eso genera desconfianza”.

Producto de lo anterior, Calisto renunció a la presidencia del CORE.

El 27 de noviembre de 2015, el gerente general de Friosur S.A., Eduardo Bruce, articuló una jugada estratégica precisamente con Miguel Ángel Calisto,

La idea del grupo, a través del Consejo Regional de Aysén, fue presionar al gobierno para que regionalice los recursos pesqueros con el fin de evitar que sigan siendo extraídos por embarcaciones de la región del Bío Bío

Justificaron la petición asegurando que “la pesca ilegal no discrimina especies y, en esas acciones al margen de la ley, se extraen también otros recursos demersales que presentan una sobre explotación, como la merluza austral y el congrio dorado, dañándose así su biomasa e hipotecando aún más la ya alicaída actividad”.

En la ocasión, Calisto hizo hincapié en que este acuerdo se alcanzó unánimemente, absolutamente alejado de cualquier pretensión ideológica. Sin embargo, en la zona se conocen su accionar político, así como el de los otros.

Fuentes al interior del gobierno precisaron que la intención de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) es otra: “Impulsar proyectos de modificación legal que permitan crear Flota Interregionales artesanales que permitan que el esfuerzo pesquero -como las lanchas- se muevan atrás del recurso Reineta”.

De esta forma, dicen, “se aleja la inmovilidad impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte”.

Lo cierto es que Rodrigo Azócar, ex asesor de Pablo Galilea, hombre de confianza del diputado Iván Fuentes y propietario de Aycon Consultores LTDA, junto a Renato Flores se oponen por una razón poderosamente económica y que beneficia a sus bolsillos: habrían firmado un convenio con la flota de la Décima Región para que ellos entren a la región de Aysén a pescar la Reineta.

De no existir un proyecto de ley que impulse las Flotas Interregionales todo quedará en status quo, lo que para algunos pescadores artesanales favorece a Friosur S.A. y su socio islandés que son los únicos que actualmente extraen el recurso de la Reineta.

Asimismo, se negociaba sigilosamente entre las sobras la modificación legal que permitirá a la industria pesquera comprar a futuro las cuotas que les corresponde a los pescadores artesanales. Algo así como el “Davilazo” del mar.

El 21 de julio de 2o015 se reunieron en Puerto Aysén: Misael Ruiz, presidente del Consejo de la Pesca Artesanal de los fiordos y archipiélagos de Aysén (Corfapa) y Azócar.

La idea es que estos últimos acepten una modificación legal a cambio de poder capturar reineta en aguas correspondientes a la Región de Aysén.

¿En qué consiste este cambio legal? Ahí, precisamente, está el asunto.

Por ley, los pescadores artesanales reciben su cuota a partir del Régimen Nacional de Extracción (RAE), que no es otra cosa que “la distribución de la fracción artesanal de la cuota global de captura de una determinada Región, ya sea por área, tamaño de las embarcaciones, caleta, organización de pescadores artesanales o individualmente”.

El problema radica en que la cuota designada a cada pescador es tan pequeña que no es atractivo comercialmente venderla. Por tal razón, muchos pescadores deciden vender su cuota a las empresas pesqueras, olvidándose para siempre de salir al mar a pescar.

Una decisión que tiene como origen un segundo asunto: los precios de la venta de esa cuota la determina también las empresas. Es decir, se presenta un comportamiento económico de monopsonio.

En otras palabras, se presenta un mercado en el que existe un único comprador o demandante, en lugar de varios. Debido a esto, este mercado posee una competencia imperfecta. El precio de los bienes o servicios es determinado por el demandante, ya que al ser único, posee mayor poder de mercado y los numerosos oferentes deben adaptarse a sus exigencias (Precios, cantidades, etc.). Esto le permite al comprador obtener mayor valor de la transacción que los que obtendría en un mercado competitivo.

En ese marco, Ruiz, Azócar junto a la gobernadora de la provincia de Aysén, Paz Fotzick, y al presidente del Consejo Regional, Miguel Ángel Calisto -y aquí radica la importancia de sus vínculo laboral con el presidente del Senado Patricio Walker- buscan una modificación legal que permita levantar un RAE para la reineta y luego para todos los recursos hidrobiológicos, incluyendo los bentónicos como erizos y locos.

Situación que ocurre hoy en día con la merluza, donde existe un RAE que divide la cuota artesanal en todos los pescadores de la región.

Como si fuese poco, Azócar plantea establecer “licencias transables de pesca artesanal”, para que los pescadores puedan vender la cuota acumulada. Algo muy parecido con lo ocurrido con el famoso escándalo financiero denominado como “Davilazo”, que tuvo como protagonista al operador de Codelco, Juan Pablo Dávila, quien especuló con operaciones de cobre a futuro.

La idea fue expuesta en un seminario convocado por la gobernadora el pasado 17 de julio. Los dirigentes se mostraron críticos al proyecto explicado por Rodrigo Azócar.

“Hubo cosas que no quedaron claras, queremos quedar claro con un proyecto que presentó el señor Rodrigo Azocar, porque nosotros le encontramos varias falencias a ese proyecto y por eso le dijimos que no estábamos conforme con eso”, declaró José Millán, dirigente de la pesca artesanal.

“Me preocupe tremendamente y me enoje también porque realmente dije cómo van a llegar sin preguntarle a nadie y presentar un proyecto sin preguntarle a nadie y ahí yo le dije que nosotros no podíamos firmar cualquier papel para que sea en desmedro de nuestros pescadores artesanales de nuestra región”, insistió.

Fiscalía indagará

A raíz de los antecedentes entregados en la investigación periodística de Informe Especial, el fiscal nacional, Jorge Abbott, decidió abrir una investigación de oficio por los aportes de pesqueras al diputado Fuentes con el objetivo de “indagar eventuales hechos constitutivos de delitos”.

La indagatoria será encabezada por el fiscal Emiliano Arias, quien actualmente investiga el caso Corpesca.

La indagatoria es encabezada por Arias producto de que los hechos tendrían relación con la tramitación de la Ley de Pesca, sin perjuicio de lo que se pueda resolver más adelante, atendidos los resultados que arrojen las pesquisas“, afirma el Ministerio Público.

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