«La proyección que presentó el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, al Parlamento exagera los recursos adicionales requeridos mediante el burdo procedimiento de omitir la partida más importante del presupuesto de educación: mil millones de dólares que se destinan anualmente al Crédito con Aval del Estado (CAE)«, sostuvo Manuel Riesco, economista del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda).
El académico e intelectual coincidió con la tesis planteada por el rector de la Universidad de Chile y presidente del Consorcio de Universidades estatales de Chile (Cuech), Ennio Vivaldi, en que el jefe de las arcas fiscales tergiversó los datos de gratuidad en educación superior.
«En efecto, Confiamos que el Parlamento interpelará al secretario de Estado acerca de las razones de tal inaceptable omisión, exigiendo al mismo tiempo que se presente una estimación bien hecha. Al agregar esos mil millones de dólares y manteniendo el resto de los supuestos, la misma estimación ministerial demuestra que se puede dar gratuidad hoy a la mitad del estudiantado, beneficiando de inmediato a más de 600 mil familias que cubren los siete primeros deciles de ingreso, y extenderla al 100 por ciento el año 2020, cumpliendo así el compromiso de la Presidenta Bachelet«, sostuvo Riesco en su Blog.
Agregando que «sería bueno que el ministro aprendiera esta lección para ubicar su actuar en el contexto de subordinación al poder político democráticamente elegido que se exige a todos los funcionarios públicos y que algunos tecnócratas azuzados por grandes intereses económicos sueñan a menudo con subvertir».
«Al ministro le saldrá este tiro por la culata. La ciudadanía y parlamentarios van a estar bien informados porque las cifras son fáciles de comprender. Los ingresos de operación totales de todas las Instituciones de Educación Superior (IES) del país, es decir, universidades, institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT), públicos y privados, sumarán el año 2016 según sus propios balances unos 4,3 billones de pesos, los que se financian en dos tercios por ingresos de docencia, es decir, cobro de aranceles, financiados con becas, créditos y dinero de bolsillo aportados por las familias, y aportes fiscales para gratuidad a partir de este año», declaró el economista.
«El tercio restante corresponde a ingresos de investigación, extensión, venta de servicios, donaciones y otros, de los cuales el Estado financia poco menos de un tercio mediante aportes fiscales directos, indirectos, fondos de investigación de CONICYT y otros», detalló.
«Por su parte, los recursos fiscales destinados a «ayudas estudiantiles» en el presupuesto 2016 cubren el 52% de los ingresos por docencia. Es decir, las erogaciones fiscales en tres partidas, créditos con aval del Estado (CAE), becas y gratuidad, en proporciones de poco menos de la mitad, poco más de un sexto y poco menos de un tercio de esta partida, respectivamente, financian más de la mitad de todos los ingresos por docencia de todas las instituciones de educación superior. De lo anterior resulta evidente que si se redestinan todos los recursos de CAE y becas a gratuidad, se puede cubrir hoy a lo menos al 52 por ciento de los estudiantes con este beneficio, en todas las IES acreditadas que ingresen a dicho esquema ¡más de 600 mil jóvenes que lo agradecerían muchísimo, al igual que sus familias!», afirmó el magister de economía de la Universidad de Chile.
«El saldo a cubrir para dar gratuidad al 100 por ciento de los estudiantes es el 48 por ciento restante de los ingresos de las IES por docencia, lo equivale este año a unos 1,3 billones de pesos —el 48% del 64% de los ingresos totales de las ÍES que suman 4,35 billones de pesos, como se dijo—, lo que al cambio utilizado en la proyección de Ministro equivalen unos 1.900 millones de dólares. La cifra anterior difiere de la que ha publicitado el Ministro de Hacienda precisamente en los mil millones de dólares del CAE que el Ministro omitió», dijo Riesco.
«El 48 por ciento de los ingresos por docencia que no es financiado hoy por «ayudas estudiantiles», es decir, CAE, becas y gratuidad, se cubre principalmente aportes del bolsillo de las familias, que el 2016 alcanzarán a 1,18 billones de pesos que equivalen al 42 por ciento de los ingresos por docencia. Los aportes netos de la banca al CAE, que el 2016 alcanzan aproximadamente a 166 mil millones de pesos aportan el saldo de 6% de los ingresos por docencia», acotó.
«El CAE se financia el 2016 con 635 mil millones de pesos de aportes fiscales, de los cuales 501 mil millones se destinan a recompra de créditos y 134 mil millones a la llamada “recarga”, es decir, un sobreprecio sobre los créditos recomprados, que queda a beneficio de los bancos. El llamado «apalancamiento», es decir, el aporte bruto de los bancos al CAE, suma 300 mil millones de pesos, pero la “recarga” financia 134 mil millones, por lo cual el aporte neto de los bancos es de sólo 166 mil millones de pesos, un 6% de los ingresos por docencia como se ha mencionado. A ello hay que sumar el subsidio de intereses, que no está considerado en estas cifras. Ese 48% de los ingresos por docencia que hoy cubren los aportes de bolsillo de las familias y el aporte neto de los bancos al CAE, que suman poco más de 1,3 billones de pesos como se ha mencionado, es el saldo a cubrir para llegar al 100% de gratuidad. Dicha diferencia se puede cubrir en pocos años con parte del crecimiento vegetativo del presupuesto educacional, que ha crecido en cerca de 1.000 millones por años desde el 2006. Eso es precisamente lo que demuestra la exposición del Ministro, si se le agregan los mil millones de dólares que omitió», aseguró Riesco.
«Por el contrario, la fórmula que establece el proyecto de ley en los hechos no es una garantía de avanzar a la gratuidad sino exactamente lo contrario, es decir, la prohibición por ley de hacerlo si no sube la recaudación fiscal a niveles inalcanzables por mucho tiempo como proporción del PIB. En resumen, la intervención del Ministro así como su influencia de decisiva en deformar el proyecto de ley de reforma presentado al Parlamento, es un intento postrero de evitar que la Presidenta cumpla su principal compromiso programático», señaló el académico.
«Los tecnócratas de Hacienda justifican su increíble omisión de la mitad de las “ayudas estudiantiles” con un argumento aún más falaz, dicha partida no sería gasto sino “compra de instrumentos financieros”, como glosan la partida. Es decir, una inversión financiera como cualquier otra, por ejemplo, comprar bonos del tesoro de los EE.UU. Hay que preguntarle si desembolsa o no desembolsa esos recursos en dinero contante y sonante, año tras año y cuanto está recuperando de esta “inversión”, si se considera la elevadísima morosidad. En el los EE.UU. y el Reino Unido, donde se la Concertación se inspiró para la creación del CAE, los gobiernos vienen de vuelta por la insostenible situación de endeudamiento y alta morosidad estudiantil, que en el último caso alcanza a dos tercios», hizo hincapié.
«Lo que busca la presentación tramposa del Ministro es demostrar que la gratuidad no es posible, con lo cual se busca dejar las cosas tal como están ahora, “CAE para toda la vida” como ha dicho otro ministro que apadrina al de Hacienda y es el principal responsable del desaguisado en a reforma educacional. Con ello logran seguir entregando la mayor parte de los recursos públicos a instituciones privadas con fines de lucro abierto o encubierto —las que reciben el 90 por ciento del CAE—, sin que rindan cuenta a nadie porque los obtienen bajo una supuesta compraventa con los estudiantes. Lo mismo pretenden hacer en educación básica y media, donde tras denostar a los sostenedores y condenar el lucro a las penas del infierno, reforzaron el mecanismo que lo genera en primer lugar, las subvenciones escolares por asistencia. Felizmente una indicación de la Diputada Camila Vallejo fue aprobada por la Cámara y la Presidenta la ha respaldado prometiendo el próximo envío de una ley que cambia dicho mecanismo», sostuvo.
«Antes el Ministro de Hacienda había tenido la tupé de reconvenir a los parlamentarios elegidos por el pueblo —él, que no se sabe que haya sido elegido alguna vez ni siquiera delegado de curso y de política es claro que no tiene idea— que no podían intervenir en estas materias. Aparentemente se encuentra con el ánimo insuflado por las peregrinas exigencias de ciertos parlamentarios, aplaudidos a rabiar por el gran empresariado, de que todo el gabinete y la Presidenta desde luego, deben alinearse tras los dictados de este personaje. Es decir, volver al esquema de la Concertación, en la cual el Presidente reinaba y su Ministro de Hacienda mandaba como procónsul romano. Las cosas seguirán un curso muy diferente. Esos tiempos quedaron definitivamente atrás. Estamos en un escenario difícil en el cual la Presidenta y el gobierno deben empuñar con fuerzas el timón de las reformas y conducir el barco recogiendo los demandas de una ciudadanía que está cada vez más chúcara, como ha dicho el presidente del Partido Comunista. Lo contrario, bajar la guardia frente a la resistencia de intereses privados que intentan impedir las reformas indispensables, es avanzar hacia el despeñadero, como hemos visto muchas veces en la historia y recientemente en países vecinos», concluyó.
