Entre las 16.30 y las 19.30 horas de este martes 2 de agosto se va a realizar la interpelación a la ministra de Justicia, Javiera Blanco, cuestionario a cargo de la diputada de Renovación Nacional Marcela Sabat.

La propia parlamentaria adelantó luego de reunirse con su par de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, que harán un uso responsable del instrumento, ya que el objetivo es conocer particularmente las medidas que se han adoptado para solucionar la crisis que durante años vive el Servicio Nacional de Menores.

En medio de las cifras de menores muertos en los recintos dependientes de la entidad que no coinciden entre la UNICEF y el Gobierno, además de los cuestionamientos a las últimas direcciones del servicio que ahora está a cargo de la ex fiscal Solange Huerta, la interpelación de este martes podría ser el paso previo a una acusación constitucional. Así lo han advertido parlamentarios de Chile Vamos y el ex demócrata cristiano René Saffirio, quien renunció precisamente luego de denunciar los intereses de la DC involucrados en el SENAME.

Para el diputado Bernardo Berger, es sorprendente la cifra de menores fallecidos, la que según el Ministerio de Justicia corresponde entre 2005 y 2016 a 185 muertes: 134 en establecimientos de salud, 49 en organismos colaboradores y dos en centros de administración directa del organismo.

Berger comentó que “nos sorprenden estas cifras y las situaciones denunciadas. Aquí no sólo queda la sensación de negligencia de la autoridad, sino el tremendo abandono que tiene como sociedad ante problemas que el Estado siempre están al frente, pero no toma las decisiones o no toma aquellos estándares que sean necesarios y convenientes para mejorar la administración de este servicio que realmente pasa por deficiencias bastante mayúsculas”.

El parlamentario RN agregó que “cuesta entender que mientras se pierden miles y miles de millones en reformas que a la larga a veces no son conducentes y llevan al país por un camino equivocado, el país no sea capaz de invertir en niños del SENAME ni siquiera un cuarto de los recursos que se requieren mínimamente para que se garantice la seguridad y el bienestar de estos menores”.

Para organismos vinculados al trabajo con la infancia y dirigentes del propio servicio, es urgente que el Estado asuma la responsabilidad de aplicar el convenio internacional sobre los niños que Chile suscribió en la década del ’90, pero que aún no se concreta con políticas públicas concretas a favor de los menores.