Con un contundente respaldo de 108 votos, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que modifica la legislación aplicable a los servicios públicos sanitarios, en materia de servicios no regulados, de fijación tarifaria y de cumplimiento de planes de desarrollo por parte de los prestadores.

Se trata de una moción presentada por los diputados Daniel Núñez (PC), Lautaro Carmona (PC), Guillermo Teillier (PC), Loreto Carvajal (PPD) y Yasna Provoste (DC), con el objetivo de modernizar la Ley de Servicios Sanitarios y regular las utilidades que reciben las empresas y aumentar sus responsabilidades cuando el servicio falla.

La iniciativa establece que las concesionarias deberán informar a la Superintendencia de Servicios Sanitarios cuando ofrezcan servicios no relacionados. Estos son aquellos servicios que no son de exclusividad de las sanitarias, como por ejemplo la limpieza de alcantarillados. El órgano fiscalizador podrá solicitar a los prestadores toda la información necesaria.

Asimismo, se establece que cuando se hagan negocios con los servicios no regulados (venta de aguas servidas u otro tipo de negocios) un porcentaje importante, el 50% y en algunos casos el 80%, tiene que ir a descuentos en las cuentas de agua de los clientes de las empresas sanitarias.

La nueva norma modifica también el sistema para establecer las tarifas del servicio. Un cambio importante y que la ciudadanía también podría percibir en sus cuentas a fin de mes.

De acuerdo a la propuesta de la instancia legislativa, la superintendencia realizará estudios que deberán basarse en un comportamiento de eficiencia en la gestión y en los planes de expansión de los prestadores.

Estos estudios se harán tanto por la Superintendencia, como por la empresa y la comisión de expertos deberá pronunciarse, en mérito de los fundamentos y antecedentes, optando de manera fundada por uno de ellos. Con esto se termina la posibilidad que actualmente tienen las sanitarias de proponer valores tarifarios muy altos, frente a los cual la comisión de expertos debe buscar un punto intermedio, distorsionando el precio final.

Participación ciudadana y no más ganancias

El proyecto también incorpora la participación de la ciudadanía, estableciendo un proceso de acompañamiento permanente a la fijación de la tarifa por parte de las organizaciones ciudadanas.

Todos los estudios, antecedentes, procedimientos de cálculo e informes utilizados en la fijación de tarifas, serán de público conocimiento. Además, la superintendencia efectuará labores de difusión de las bases tarifarias respecto del público en general, en cada región donde estas sean aplicadas. En especial, capacitando a las organizaciones de usuarios, para que estén en condiciones de efectuar observaciones a dichas bases, sin perjuicio que cualquier persona o institución directa o indirectamente interesada con el proceso en marcha, efectúe observaciones a las bases.

Otro punto importante que considera esta norma fue eliminar la garantía de que a todo evento las sanitarias tengan una rentabilidad mínima de un 7%.

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