A la Cámara de Diputados ingresó el proyecto que fue trabajado en conjunto por las mesas de la Cámara Baja y el Senado, junto a los ministerios de Hacienda y Trabajo.

La iniciativa crea un Consejo Asesor cuyo rol será determinar el reajuste de las remuneraciones de las altas autoridades del sector público como ministros, subsecretarios e intendentes, además de los parlamentarios, para que estos no tengan que intervenir en definir su propio reajuste.

Así lo explicó el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien subrayó que este es un trabajo que lleva ya varios meses para ver “cómo tratamos las remuneraciones de los altos cargos públicos, para que el Congreso no tenga que votar su propio reajuste… y hacerse cargo de una crítica recurrente”.

El consejo, agregó Valdés, será de carácter técnico e imparcial, para que el reajuste de los altos cargos sea diferenciado del resto, destacando su importancia “porque va a mejorar la institucionalidad respecto de un tema que siempre es tenso”.

El personero también aclaró que esto no implica un congelamiento de las remuneraciones, lo cual en la práctica ya ha ocurrido en los últimos años, lo que a largo plazo, aseguró, genera un escenario complejo.

“Llevamos dos años en que las dietas y las remuneraciones más altas del sector público han tenido un reajuste real negativo, porque han sido nominalmente congeladas. Eso significa que ni siquiera han tenido la inflación, y por lo tanto se va acumulando una disminución real de los salarios, que puede tener buenas razones de corto plazo, pero que no se puede mantener como una constante, si no, vamos a tener un problema respecto de talentos en el sector público porque esto achata toda la estructura salarial”, explicór Valdés.

Por su parte, el Presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, relevó que este consejo en ningún caso reemplaza a la mesa del sector público que negocia año a año el reajuste para la totalidad de funcionarios de la administración del Estado. En la misma línea, puntualizó, el reajuste que el Consejo determine no podrá ser superior al reajuste general de remuneraciones de los trabajadores de la administración pública.

Sobre la urgencia, esta se resolverá una vez que se defina la agenda legislativa pero se espera que esté aprobado antes del próximo reajuste, en diciembre de 2017.