Más de la mitad de los 2.300 centros de votación previstos por el Ejecutivo catalán para el prohibido referéndum sobre la independencia del domingo habían sido precintados o clausruados este sábado por la mañana, aseguró el delegado del Gobierno español en Cataluña, Enric Millo, según reporta un cable de AFP.

“De los 2.315 colegios electorales (…) 1.300 ya han sido precintados”, informó en un encuentro con corresponsales extranjeros en Barcelona.

Millo precisó que 163 de estos centros están ocupados por activistas “que están realizando con toda paz y cívicamente” actividades culturales o deportivas y a quienes se les permitirá salir, aunque se impedirá la entrada a nadie más.

“Por lo tanto, en el 90% de los centros precintados no hay nadie dentro”, subrayó, reconociendo que se trata de un proceso largo y que entre los 1.000 centros que quedan aún por precintar podría haber decenas más ocupados.

En un esfuerzo por desmantelar la logística de un plebiscito prohibido, la justicia española ordenó el cierre de escuelas, centros cívicos y otros locales designados para acoger la votación. Y ordenó a la policía que vigile si entra en ellos material electoral, en cuyo caso debe decomisarlo.

Esto pone contra las cuerdas a la policía regional catalana, los Mossos d’Esquadra, dependiente del Ejecutivo independentista, pero obligada a hacer respetar las decisiones judiciales.

Desde que el viernes por la noche grupos de ciudadanos decidieron ocupar los centros en un intento de impedir su cierre, los Mossos los han estado visitando para informarles de que deben salir antes de las 06H00 (04H00 GMT) del domingo.

Los agentes catalanes recibieron sin embargo la orden de no recurrir a la violencia, lo que abre el interrogante de qué ocurrirá si los activistas ofrecen una resistencia pacífica.

A las personas que están dentro “las invitamos a salir”, insistió Millo, agregando “no creemos que sea necesario” desalojarlas contra su voluntad.

Admitió, sin embargo, que si el domingo por la mañana se registran “actos de desobediencia” los cuerpos policiales deberán decidir cómo actuar, aunque respentando siempre “la proporcionalidad”.