La decisión de la Fiscalía de pedir la suspensión condicional del procedimiento en contra del senador UDI, Iván Moreira, en el marco del caso Penta, motivó a que los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena a renunciar al Ministerio Público por discrepancias sobre lo acordado con la defensa del legislador.

La decisión, según señala La Tercera, fue comunicada al fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, a través de una carta en que indican que es insostenible su permanencia en el organismo luego del acuerdo “arribado a sus espaldas” que beneficia a Moreira.

En ese sentido, el fiscal Gajardo dijo que «hemos presentado nuestra renuncia a la Fiscalía a raíz de las decisiones que se han tomado en las causas que comenzamos a investigar en el equipo de la Fiscalía de Alta Complejidad. Me estoy refiriendo a los casos Penta, SQM y Corpesca a partir del año 2014«.

«Los motivos están bastante claros (…) a partir de las cosas que han sucedido, nos parece que la decisión que deberíamos tomar es ésta y la hemos presentado hoy«, explicó.

En tanto, el fiscal Norambuena añadió que hubo «un grupo y un cúmulo de decisiones que se han adoptado que nosotros no compartimos«.

En ese sentido, precisó que «hemos trabajado en equipo en la persecución de estos delitos y tenemos un criterio común de que es necesario perseguir este tipo de conductas buscando un reproche y una sanción penal, y en eso siempre hemos tenido el respaldo total a las tesis que hemos formulado ante los Tribunales de Justicia«.

«Hoy observamos un cambio en la Fiscalía que no concordamos, que no estamos de acuerdo y, por lo tanto, hemos tomado la decisión de no continuar en este cargo público«, aseveró.

La suspensión condicional del procedimiento en contra del senador UDI establece la fijación de un domicilio y el pago de 35 millones de pesos al Fisco, situación en la que Norambuena sostiene que «nuestra posición fue de que se debió haber perseguido de acuerdo a la solicitud de desafuero que realizamos y también de acuerdo a la autorización que nos dio la Corte Suprema para seguir adelante«.

Y agregó que “una suspensión condicional del procedimiento conlleva una renuncia a un reproche penal y una renuncia a la búsqueda de una sanción penal (…) estos casos graves que atentaron contra el sistema, contra la democracia, debió ser buscada la sanción por parte de la Fiscalía«.