El fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad de La Araucanía, Luis Arroyo, hizo una seria denuncia al acusar a funcionarios de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar) de efectuar montajes de pruebas con el objetivo de perjudicarlo tras no acceder a acciones que estaban fuera de la ley, en el marco de la llamada “Operación Huracán” contra miembros de la CAM.

De acuerdo a la información que consigna La Tercera, Arroyo presentó una querella con la intención que el Ministerio Público investigue sus denuncias, las que apuntan a que policías habrían establecido pruebas falsas para acusar a una de sus abogadas asistentes, Mónica Palma, de eventuales filtraciones a Héctor Llaitul en la causa, lo cual le habría permitido eludir el accionar de Carabineros.

El fiscal en su acción judicial señala que fue notificado el 26 de diciembre respecto a una investigación contra su abogada asistente, por el presunto delito de obstrucción a la indagatoria  y en la que también se acusa al propio persecutor de encubrir el hecho al mantener, supuestamente, una relación sentimental con Palma.

La información menciona que Carabineros utilizó los mecanismos que le permite usar la Ley de Inteligencia para entregarle al fiscal nacional, Jorge Abbott, los mensajes que daban cuenta de filtraciones desde la Fiscalía de Alta Complejidad a miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

Además, los antecedentes que se manejan involucraban a un supuesto funcionario de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) que fue identificado como “Marcos ANI” en el celular de uno de los investigados.

A pesar que ese hecho fue dado a conocer por El Mercurio el pasado 14 de enero, pero Arroyo sostiene que todo se basa en construcciones y en un montaje de funcionarios de la Dipolcar, lo cual a su juicio estaría motivado por la negativa del fiscal de usar herramientas fuera de la ley para lograr el éxito de las investigaciones que se llevan a cabo en la zona de conflicto mapuche.

Se busca crear un daño irreparable a mi imagen, credibilidad y seriedad profesional, dado el cargo que ostento, al igual a la institución que pertenezco, quizás con la intención de hacerme a un lado a las investigaciones que dirijo, y a la vez, justificar el fracaso en sus operaciones investigativas“, precisa el persecutor.

Además, el escrito detalla que el documento entregado al Fiscal Nacional aclara que la situación con su abogado asistente “podría haber estado en mi conocimiento, habiéndome inhibido de adoptar acciones en contra de dicho abogado por mantener una relación sentimental con ella“.

Para sustentar dicha imputación injuriosa, se agrega en el oficio N°202, la aparente transcripción de supuestas conversaciones vía mensajería Whatsapp entre la abogada Palma Martínez y el suscrito, que habrían tenido lugar los días 20 de octubre de 2017, 08, 18, 21 y 23 de noviembre de 2017“, menciona Arroyo en su escrito ante el tribunal.

En su querella, Arroyo también insiste en que “los hechos relatados en dicho Oficio 202 de la Dipolcar son absolutamente falsos, jamás ocurrieron, ni nada similar a lo que allí se relata; es decir, él o los autores materiales e intelectuales del contenido de dicho oficio mienten en todo lo que allí se consigna“.

Además, el persecutor también se refiere a la forma en que Carabineros intenta colocarlo en diversos encuentros con la funcionaria investigada fuera de la Fiscalía.

Lo más burdo e irrisorio, y que demuestra la ineptitud máxima de parte de quien o quienes inventan esta absurda historia, es que en las últimas tres ocasiones en que supuestamente me reuní con la abogada yo me encontraba fuera de Chile“, sostiene en el documento judicial.

Por tal motivo, el persecutor pide que se investiguen los delitos de falsificación de documento público, denuncia calumniosa, infracción al inciso segundo del artículo 43 de la ley 19974, que se refiere a utilizar información elaborada por el sistema de inteligencia en beneficio propio, obstrucción a la investigación y violación de reserva de un funcionario público.

También solicita comenzar varias diligencias entre las que se encuentra entregar todos los antecedentes de cómo se llevó a cabo la interceptación de los supuestos mensajes hechos por los involucrados y la justificación de estos procedimientos.

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