El Gobierno indio aprobó una enmienda de la Ley de Protección de Niños de los Delitos Sexuales para que los culpables de violaciones de menores 12 años, estableciendo que estos puedan ser condenados a muerte.

La decisión fue tomada en medio de la indignación del país por el abuso y asesinato de una niña de 8 años.

La propuesta de enmienda de la ley POCSO (por sus siglas en inglés) fue decretada en una reunión del Gabinete encabezada por el primer ministro, Narendra Modi, apenas horas después de regresar al país tras una gira por tres países de Europa.

La enmienda legal, que ya había sido pedida públicamente por la ministra para la Mujer y la Infancia, Maneka Gandhi, llega en medio de la conmoción que vive el país tras el secuestro, tortura, violación y asesinato de una niña musulmana de 8 años de una comunidad nómada en el estado septentrional de Jammu y Cachemira.

La niña murió en enero pasado, pero las circunstancias del crimen salieron a la luz la semana pasada después de que la Policía de Cachemira presentara las acusaciones en contra de los responsables, entre lo que se ha establecido que hubo violencia religiosa.

Ocho personas, incluidas cuatro miembros de los cuerpos de seguridad fueron detenidos y están siendo procesados en el marco del juicio por este caso, que comenzó el pasado lunes.

Este caso, y la muerte tras recibir una paliza hace dos semanas del padre de una menor de 16 años que había sido violada en junio de 2017, en un crimen del que la familia acusa a un parlamentario regional del partido gobernante BJP en Uttar Pradesh, encendieron la indignación en el país.

De acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Registro de Delitos de la India (NCRB), el número de delitos contra niños se ha duplicado entre 2013 y 2016, de 58.224 a 106.958, mientras que la cifra de víctimas de violaciones que se produjeron en el país en 2016 y que involucra a menores subió de 19.765 a 38.947.

La India ya endureció su legislación contra los delitos sexuales en 2012 tras la brutal violación en grupo de una joven que falleció tras semanas de agonía, en otro caso que conmocionó al país asiático.

Las cifras, sin embargo, no muestran una reducción de los casos, ya que el Gobierno ha señalado que hay más de 100.000 causas por violación pendientes por resolución en la Justicia en un país de más de 1.200 millones de habitantes.