El gobierno español está estudiando la posibilidad de impulsar una «reforma integral» de la Ley de Memoria Histórica de 2007, la cual buscará anular las sentencias judiciales dictadas por tribunales de excepción franquistas y declarar ilegales las asociaciones que hagan apología del dictador.

El anunció fue hecho por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, durante su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso.

La ministra declaró que “es inaceptable que España siga siendo el segundo país del mundo, después de Camboya, en número de desaparecidos«.

En ese sentido, se comprometió a combatir la “impunidad”, respondiendo a la crítica que le hizo Naciones Unidas respecto a que España nunca haya investigado las desapariciones forzadas de la dictadura de Francisco Franco.

Al respecto, Delgado ha puesto en el tapete «declarar la nulidad de los tribunales de excepción franquista y sus fallos y sentencias, impulsar desde lo público las exhumaciones, resignificar el Valle de los Caídos y retirar la simbología de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura con sanciones económicas en caso de incumplimiento«.

Además, explicó que la nueva Dirección General de la Memoria Histórica tendrá como prioridad el de «impulsar la búsqueda de los desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista«.

A lo anterior se suma también el anunció de que «estudiaremos la manera de llevar a cabo la ilegalización de las asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo«.