La Iglesia Católica está buscando resquicios para que la justicia no pueda tener acceso al informe elaborado por Charles Scicluna, sobre abusos sexuales cometidos por curas en Chile, ya que el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, aseguró que se produciría un “daño grave” si el documento es entregado al Ministerio Público.

El informe Scicluna fue elaborado por la misión especial enviada por el Papa Francisco a Chile, en donde el obispo de Malta recogió 64 testimonios de víctimas de abusos cometidos por religiosos.

Hay que señalar que la fiscalía anunció la preparación de un exhorto al Vaticano para que entregue la información, debido a que puede ser relevante para las distintas investigaciones por abusos.

Sin embargo, vaticanistas como José Manuel Vidal advierte que el documento que está bajo secreto pontificio y en la eventualidad en que las víctimas dieran sus testimonios confiados en que no usarían para otros fines, la puerta se cierra para que la justicia chilena acceda a esos antecedentes.

En ese sentido, el obispo González, quien además es presidente del Consejo Nacional de la Conferencia Episcopal para la Prevención de Abuso de Menores de Edad y Acompañamiento a las Víctimas, señaló a radio Cooperativa que «su difusión inoportuna pueda producir un daño grave a las personas que muchas veces piden que su testimonio quede bajo reserva«.

En ese sentido, explica que “ante la petición que se está haciendo, bueno, existe todo el derecho a hacerla, pero también existe todo el derecho que el papa Francisco dé la respuesta que le parezca oportuna«.

«Esto se trata de una información que el santo padre pidió para él a dos personas determinadas. El papa es el único destinatario de este informe«, dijo.

Sin embargo, el fiscal que prepara el exhorto a la Santa Sede, Raúl Guzmán, mencionó que hubo un compromiso de parte de Scicluna y de algunos obispos como también del nuncio Ivo Scapolo, tanto en público como en privado, de que estos antecedentes se dieran a conocer a la justicia.

Ante esta situación, Vidal sostiene que es prácticamente imposible que la Iglesia entregue el informe Scicluna, ya que «la justicia canónica tiene su propio ámbito, actúa según sus propias reglas«.