Obispos admiten -tardíamente- haber fallado en sus deberes pastorales y se abren a colaborar con la fiscalía

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Luego de reunirse por cuatro días en Punta de Tralca para debatir la crisis que atraviesa la Iglesia Católica con distintos casos de abusos sexuales cometidos por religiosos, los obispos del país admitieron haber fallado en sus deberes pastorales y se comprometieron a colaborar con la fiscalía en las investigaciones que se llevan a cabo.

La Conferencia Episcopal de Chile reconocieron “humildemente que hemos fallado a nuestro deber de pastores al no escuchar, creer, atender o acompañar a las víctimas de graves pecados e injusticias cometidas por sacerdotes y religiosos. A veces no reaccionamos a tiempo ante los dolorosos abusos sexuales, de poder y de autoridad y, por ello, pedimos perdón en primer lugar a las víctimas y sobrevivientes“.

El presidente de la Conferencia, monseñor Santiago Silva, junto al secretario general, Fernando Ramos, dieron a conocer el texto de la declaración conclusiva de la 116ª asamblea plenaria extraordinaria del Episcopado, convocada para abordar la situación que vive la Iglesia Católica en el país, particularmente a raíz de los graves casos de abuso cometidos por personal consagrado.

En los últimos tres días de la asamblea participaron, además de los obispos, los vicarios de Pastoral de las diócesis, directivos de Conferre y congregaciones religiosas, diáconos, laicas y laicos colaboradores en los servicios nacionales del Episcopado.

“No siempre supimos acoger”

Los obispos también expresaron su arrepentimiento “ante quienes han acompañado a las víctimas, a sus familias, a quienes han realizado responsablemente esfuerzos por buscar la verdad, la justicia, la reparación y la purificación, y a los cientos de consagrados y laicos que diariamente dan testimonio del amor, la misericordia y la redención de Cristo y que se ven afectados en su ministerio por causa de los errores, pecados y delitos cometidos”.

En especial, reconocemos que no siempre supimos acoger en todas las instancias eclesiales las orientaciones del Consejo Nacional de Prevención para abordar oportunamente los casos de abuso sexual. Nuestras faltas u omisiones han causado dolor y perplejidad, han afectado la comunión eclesial y han dificultado la conversión y minado la esperanza“, añadieron.

Los curas consideran que de ningún modo han querido causar ni agravar el daño producido, “pero, mirado en una perspectiva del tiempo, algunos de nosotros pudimos ser más activos y atentos al dolor sufrido por las víctimas, familiares y la comunidad eclesial“.

A partir del discernimiento realizado estos días, los obispos dieron a conocer las decisiones y compromisos adquiridos.

Decisiones adoptadas

Se incluirá un Anexo a las Líneas Guía “Cuidado y Esperanza”, norma que rige a todas las diócesis del país, relativo a la plena voluntad de colaborar con el Ministerio Público en la entrega de los antecedentes sobre abuso sexual a menores de edad, resguardando los nombres de denunciantes y víctimas que expresamente soliciten reserva de su identidad.

El texto de dicho anexo se dará a conocer apenas se formalice el acuerdo de colaboración con la Fiscalía Nacional que trabaja un equipo jurídico en representación de la Conferencia Episcopal de Chile.

A contar de hoy, darán a conocer públicamente toda investigación previa sobre presunto abuso sexual de menores de edad realizada en nuestras jurisdicciones, a lo que se suma también la solicitud a los superiores de congregaciones religiosas.

Se nombra a la abogada Ana María Celis Brunet Presidenta del Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento de Víctimas.

Además, se aprobaron nuevas atribuciones y competencias al Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento de Víctimas:

  1. En adelante dará seguimiento a la implementación de las Líneas Guía “Cuidado y Esperanza” en las diócesis, tanto en la recepción de denuncias, el acompañamiento a víctimas, en las medidas de prevención y la adecuada formación de los agentes pastorales.
    b. Recabará información actualizada sobre la cantidad de investigaciones previas y procesos penales en curso en nuestro país.
    c. Se crea un Departamento de Prevención de Abusos para ejecutar las orientaciones del Consejo Nacional. Su directora ejecutiva será Pilar Ramírez Rodríguez.
    d. Se faculta a dicho Departamento para recibir denuncias sobre abusos conforme la normativa canónica, facultad que no anula ni suprime las instancias propias de las diócesis e institutos de vida consagrada.
    e. En el sitio web del Consejo www.iglesia.cl/prevenirabusosse repondrán los nombres de clérigos con sentencias definitivas civiles y canónicas por abuso de menores de edad. 

Compromisos asumidos

En cuanto a los compromisos asumidos por los obispos, los religiosos indicaron que se comprometen a “incrementar nuestra disponibilidad para encontrarnos personalmente, cada obispo, con víctimas de abusos cometidos por clérigos de nuestras jurisdicciones que estén dispuestas a hacerlo, para acogerles, escucharles y ponernos, junto a nuestros equipos de acogida, a su disposición para todo cuanto ayude a sanar las heridas. Este mismo signo solicitamos a los superiores de institutos de vida consagrada“.

Considerando que el reconocimiento, la verdad y la justicia son siempre los primeros pasos hacia la reparación, se comprometen “con la ayuda del Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento de Víctimas, a buscar criterios comunes en los procesos de reparación hacia las víctimas de abuso“”, añade el acuerdo.

Además, precisan que su compromiso es “a seguir promoviendo la formación permanente en prevención de abusos de todo el personal consagrado y agentes pastorales de las diócesis, y la acreditación de formadores. Esto mismo estamos solicitando a los institutos de vida consagrada y, particularmente, a los responsables de las instancias educativas de la Iglesia“.

Se comprometen “a elaborar e implementar un protocolo de buen trato que buscará fomentar relaciones basadas en el respeto por la dignidad de la persona, en ambientes parroquiales, comunitarios y educativos, especialmente dirigido a quienes ejercen cargos de autoridad, responsabilidades directivas y a quienes atienden a personas. Asimismo, elaboraremos un código de comportamiento para los ministros ordenados. Ambos instrumentos se darán a conocer en abril de 2019“.

Acogiendo el llamado del Papa Francisco, los obispos se comprometen “a promover intensamente la participación de laicos y laicas en instancias eclesiales generando ambientes de sinceridad, franqueza y crítica constructiva junto a los consagrados, en una experiencia comunitaria como “pueblo de Dios”.

Otro punto es que también hay un compromiso a “hacer una mirada autocrítica de los aspectos estructurales de nuestras diócesis que permitieron la ocurrencia y perpetuación del abuso en la iglesia para que estos hechos nunca más se vuelvan a repetir. En este contexto, impulsaremos la renovación permanente en los consejos y equipos de gestión y conducción pastoral a nivel diocesano y parroquial con especial acento en la participación de la mujer, sobre todo en las instancias de toma de decisiones“.

Valoración de estudiar plazos de prescripción

Los obispos valoran “la voluntad de estudiar los plazos de prescripción legal de los diversos delitos de abuso sexual de menores contenidos en la legislación estatal, de manera que el paso del tiempo no inhiba la posibilidad de sancionar tales ilícitos y de proceder a los procesos de reparación en sus diversos aspectos“.

Y añaden: “Sabemos que las decisiones y compromisos a corto y mediano plazo que hoy hemos anunciado, no solucionan, por sí solos, el dramático flagelo del abuso en nuestra Iglesia, y las complejas causas y raíces del mismo”.

Enmendar, perfeccionar y dar garantías

Los obispos consideran que a cada pastor y superior religioso “corresponde enmendar, perfeccionar y dar las adecuadas garantías, respecto de sus jurisdicciones. A todos los bautizados y bautizadas que conformamos el pueblo de Dios nos corresponde ejercer nuestra corresponsabilidad en la misión de la Iglesia, con una actitud adulta y crítica en la construcción del tejido comunitario“.

Del mismo modo, estiman que “las instancias del Estado, judiciales, políticas y sociales, están también llamadas a cumplir, desde cada uno de sus ámbitos, la misión de velar por el cuidado de niños, niñas y adolescentes y de buscar legislaciones más adecuadas para castigar el abuso y promover su prevención. Desde la Iglesia, cuentan con toda nuestra disposición“.

Finalmente, expresan su “cercanía a todos los hombres y mujeres laicos, religiosas y religiosos, diáconos y sacerdotes que viven la conmoción por estos graves y contradictorios episodios y, desde el sufrimiento compartido, no han dejado de anunciar su fe en Cristo ni de servir a los demás en la comunión de la Iglesia“.

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