En medio de la crisis por corrupción que tiene entre la espada y la pared al Alto Mando del Ejército por las indagatorias, se ha venido discutiendo en el Parlamento el cambio al sistema de financiamiento de la Defensa Nacional. El Senado de la República ya aprobó un nuevo sistema que deroga la Ley Reservada del Cobre
“Este es un cambio de enorme significación, porque lo que está aprobándose por la Comisión de Defensa, con el Gobierno, es un sistema de financiamiento transparente, claro, que va a ser objeto de arduas y exhaustivas fiscalizaciones y en donde al Parlamento le va a corresponder la misión de conocer en detalle cual es la misión de la planificación de las Fuerzas del país del futuro, como financia y con esto la modernización de todo lo que es el área de la Defensa da un paso decisivo para que la ciudadanía tenga plena y total confianza que cada peso que se gaste en la Defensa va a ser bien invertido”, declaró hace unas semanas el ministro de Defensa, Alberto Espina.
Pero este cambio de legislación no tiene conforme a los senadores de oposición Alejandro Guillier (Ind.),
Ricardo Lagos Weber (PPD) y Alfonso de Urresti (PS) «los controles del poder civil sobre la ejecución de estos recursos son insuficientes2, sostienen en una carta que enviaron a uno de los diarios que aun creen influyentes en Chile.
Para los congresistas y para uno que tiene claras intenciones presidenciales «la larga serie de casos judiciales que remecen a nuestras instituciones no hace excepción de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, lo que crea incertidumbre y desconfianza en el sensible mundo de la Defensa nacional. Por lo mismo, el debate sobre el financiamiento del gasto militar nos exige criterios de Estado y miradas de largo plazo, pero también es preciso transparentar mejor las decisiones sobre gasto militar y fiscalizar con celo su ejecución. La urgencia de este diseño nos obliga a empoderar, definitivamente y sin complejos, a la autoridad civil sobre la militar. En los países occidentales de tradición democrática esta supremacía está fuertemente legitimada y no admite dudas. En Chile, la relación cívico-militar todavía sigue contaminada por desconfianzas y recelos que debemos sincerar, para asentar las relaciones cívico-militares sobre el ethos democrático». sostienen.
Según los congresistas hay que hacer correcciones: «Esta tarea parte por corregir las deudas del proyecto de ley instalado en el Senado.
«A manera de aporte al debate, creemos que es preciso evaluar los llamados «pisos mínimos» de gasto en Defensa, con criterios acordes a los escenarios de riesgo y al crecimiento del país. Como sabemos, el proyecto establece dos fondos: uno es para los gastos generales de las FF.AA. y el otro para la adquisición de material bélico. Para el primero se propone asignar permanentemente a las FF.AA. un presupuesto que no sea menor que lo asignado en 1989, el último año del régimen militar, corregido por IPC. El segundo «piso mínimo» considera para la adquisición de material no menos del 70% de lo entregado por Codelco entre 2010 y 2017, años récord en precio del cobre (alrededor de 450 millones de dólares dependiendo de cómo se calcule). Tampoco parece adecuado reemplazar el rol del Banco Central en la gestión de estos cuantiosos fondos de reserva, por un comité de tres personas sin dependencia alguna de la administración del Estado», explican De Urresti, Lagos y Guillier
Según ellos «los «pisos mínimos» son usados en algunos países europeos con evaluaciones dispares. Como sea, el proyecto obliga al Estado a mantener un alto gasto en Defensa sin posibilidad de disminución a futuro, poniendo como referencia los años de más alto gasto. Se posibilita, además, que las FF.AA. puedan comprar material bélico fuera de planificación, cuando surjan «oportunidades de mercado». Sabemos que este camino abre la puerta a la ineficiencia e, incluso, a prácticas cuestionables. Tampoco se hace referencia al futuro de la industria militar como fuente de innovación, desarrollo de capacidades y seguridad estratégica, decisión que sí están tomando algunos países vecinos».
Observamos -agregan- , además, que los controles del poder civil sobre la ejecución de estos recursos son insuficientes. La Contraloría no adquiere un efectivo rol en la fiscalización del gasto militar. El Ministerio de Defensa no mejora su participación en la generación de los presupuestos ni garantiza un adecuado financiamiento específico al Estado Mayor Conjunto de la Defensa. Tampoco se contempla un organismo colegiado y técnico con capacidades reales para la supervisión desde el Ejecutivo. Adicionalmente vemos con preocupación que el proyecto persiste en la alta restricción al control del Congreso Nacional sobre el gasto militar.
«A casi tres décadas del retorno a la normalidad democrática, resulta del todo razonable dotar a la civilidad de facultades claras de control y supervisión en la elaboración y aprobación de la Estrategia de Defensa Nacional y de los gastos asociados. Estas restricciones al control ponen en pugna la legislación que se discute con lo dispuesto en el artículo 4º de la Constitución, en tanto Chile es una República Democrática. Continuar argumentando razones de reserva o enclaustramiento no resulta creíble en el siglo XXI. Mayor transparencia, fiscalización externa y control civil sobre el gasto y gestión solo fortalecerán a nuestras instituciones de la Defensa. Para eso debemos comenzar por abrir al debate público y a la discusión amplia este proyecto de ley, difundiendo con sentido pedagógico las discusiones altamente técnicas y extensas que se están desarrollando en el Congreso Nacional», rematan Alejandro Guillier (Ind.), Ricardo Lagos Weber (PPD) y Alfonso de Urresti (PS)
