Este jueves en una intensa y extensa fue la sesión de la Comisión de Defensa que recibió al Comandante en Jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, para explicar y aclarar el homenaje que rindió en la Escuela Militar el hijo del exagente de la DINA, Miguel Krassnoff, a su padre, condenado por violaciones a los DD.HH.

Martínez desmintió al exdirector de la Escuela Militar, Germán Villarroel, quien aseguró que él se retiró voluntariamente de la institución y no fue sancionado por el episodio Krassnoff. Especificó que sí se le exigió la renuncia y que no fue una baja voluntaria.

Los dichos del general Martínez causaron reacciones encontradas en los integrantes de la instancia legislativa. Para el diputado Jorge Brito (RD), estas contradicciones relativizan el tema de los Derechos Humanos, al existir dos versiones tan encontradas. Agregó que es clave el cumplimiento de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, que regula la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos.

Por su parte, el diputado Leonidas Romero (RN), pese a los argumentos de Martínez, insistió en que el despido de Villarroel y Krassnoff Bassa fue una medida apresurada. “Cuando se me informa que se hizo un sumario de varios días para investigar y, acto seguido, el propio Comandante en Jefe dice que le quitaron el mando al director de la Escuela Militar y al otro oficial, alguien está mintiendo”, cuestionó.

Otra mirada tuvo el diputado Osvaldo Urrutia (UDI), quién dijo haber quedado satisfecho con lo expuesto por el general Martínez. Puntualizó que hay que reparar que este evento no era institucional, que fue un hecho aislado y que “las medidas de sanción a los involucrados son absolutamente proporcionales a la falta que se cometió”.

La diputada Loreto Carvajal (PPD) estimó que la explicación de los hechos no fue clara y que esto daña la imagen del Ejército, en tanto que el presidente de la Comisión de Defensa, diputado Manuel Matta (DC), dijo que no se descarta invitar nuevamente al ministro del ramo, Alberto Espina, y a la Directora Nacional del Instituto de Derechos Humanos, Consuelo Contreras.