El ministro de Defensa, Alberto Espina, no descartó la posibilidad que alguno de los 21 generales que pasaron a retiro, en lo que fue la mayor poda de altos oficiales del Ejército desde la llegada la democracia, puedan estar involucrados en irregularidades como el caso que lleva la ministra Romy Rutherford por viajes al extranjero.

Hay que recordar que la semana, 21 generales de la institución castrense pasaron a retiro, lo cual fue considerado como algo inédito en la historia de la institución, pero que a juicio del propio titular de Defensa fue una buena señal para tener un alto mando “renovado”.

En entrevista con El Mercurio, Espina inicia su conversación colocando el parche antes de la herida, al señalar que “nada más injusto que decir que en el Ejército hay una corruptela generalizada”.

Lo anterior en referencia a las investigaciones que lleva la ministra Rutherford sobre supuestas irregularidades en el uso de recursos públicos en pasajes aéreos, lo que en un principio implicó al segundo hombre al mando del Ejército, general John Griffiths, quien tuvo que pasar a retiro anticipadamente.

“La inmensa mayoría de sus 44 mil efectivos realiza su trabajo profesionalmente y con honestidad”, menciona.

En cuanto a los generales que pasaron a retiro, Espina sostiene que se dio a conocer “un paquete en conjunto” de los generales a retiro y no en forma separada, porque “el tema está en que nombrar a los que podrían estar eventualmente vinculados a estos hechos era condenarlos por anticipado”.

Y explica que “los generales que salen son en base a cuatro consideraciones que señalé antes (renovación, capacidad profesional, adaptabilidad al proceso modernizador y probidad). Es un conjunto de consideraciones”.

Sin embargo, al ser requerido por la cantidad de generales, de los 21 en retiro, estarían involucrados en estos problemas, Espina solo se limita a mencionar que “no le puedo decir la cifra”.

“Tengo un cálculo aproximado. No quiero decir ninguna cifra, porque le parece injusto. Lo que puedo decir es que el alto mando se hizo siguiendo varios criterios. Una decisión de esta naturaleza es difícil, pero es correcta”, añade.

En ese sentido, precisa que se necesita un alto mando renovado, que “inicie un proceso de modernización y que se termine con muchos hechos que eran malas prácticas o irregularidades, y que la justicia ha dicho que son un delito penal, en el caso de configurarse fraude al fisco”.

“No puede ser que una institución tan prestigiosa esté permanentemente sometida a citaciones de oficiales por eventuales delitos, con allanamientos a unidades militares. Eso no es sano ni bueno para el Ejército de Chile”, aseguró.