Con una declaración pública con tres motivos definidos, La Moneda sale a defender, por cuarta vez esta semana, la decisión de no suscribir al pacto de migración de la Organización de Naciones Unidas ONU y restarse del acuerdo al que suscribieron más de 150 países en el mundo (entre ellos Alemania, Francia y Argentina).

En la declaración, hacen hincapié a un desorden migratorio que existía desde la administración pasada en el país y que, acusan, la iniciativa internacional puede derivar obligaciones jurídicas para los Estados, además de afectar a nuestro país, plantean desde La Moneda, en la Corte Internacional de La Haya.

Lee la declaración pública completa a continuación.

EL VALOR DE LOS PRINCIPIOS

En épocas de controversias es siempre sano recordar y recurrir a los principios.

Nuestro Gobierno promueve una migración segura, ordenada y regular.  Esto significa que Chile tiene una política de puertas y brazos abiertos para acoger a aquellos migrantes que vienen a nuestro país a iniciar una nueva y mejor vida, a respetar nuestras leyes, empezando por la ley de Migración, a integrarse a nuestra sociedad y a aportar al desarrollo de Chile.

Encontrarán, sin embargo, una política de puertas cerradas aquellos que intenten ingresar a nuestro país para causarnos daño como bandas de delincuentes, crimen organizado, narcotraficantes o trata de personas.

También creemos que toda persona tiene derecho a dejar su país en busca de una nueva y mejor vida.  Y que todo país tiene derecho a decidir, como explícitamente lo reconoce el Comité de DDHH de Naciones Unidas, qué migrante y bajo qué condiciones puede ingresar a su territorio.

Y por supuesto, los Derechos Humanos deben ser respetados y protegidos para todos, incluyendo los migrantes, en todo tiempo, lugar y circunstancia.

DESORDEN MIGRATORIO DEL GOBIERNO ANTERIOR

Cuando asumimos el Gobierno, la situación migratoria en Chile reflejaba un desorden alarmante.  Durante el Gobierno de la Nueva Mayoría cerca de 700 mil personas ingresaron a Chile como turistas, cientos de miles de ellos con la clara intención de quedarse en forma irregular o engañados por verdaderas mafias de tráfico de personas.  Al 11 de marzo de este año había en Chile más de 250 mil migrantes irregulares.  A las autoridades migratorias chilenas se le entregaron más de 45 mil documentos falsos; y los trámites migratorios tomaban en promedio 9 horas. Los migrantes debían hacer largas y extenuantes filas de espera para poder realizar sus trámites.  Esta situación sin duda fue conocida y tolerada por el Gobierno anterior.

PONER ORDEN EN NUESTRA CASA

Entre las primeras urgencias que debió enfrentar nuestro Gobierno fue poner orden en nuestra casa en materia de migraciones, para lograr una migración segura, ordenada y regular.  Con este objetivo iniciamos un proceso extraordinario de regularización de migrantes, excluyendo a aquellos con antecedentes penales, al cual ya se han incorporado más de 155 mil migrantes.  Derogamos la Visa Temporaria por motivos laborales que había generado 45 mil documentos falsos.  Creamos nuevas visas como la Visa de Responsabilidad Democrática para venezolanos, la Visa de Estudio y la Visa Humanitaria para reunificar familias haitianas.

Adicionalmente, enviamos indicaciones al Proyecto de Ley de Migración y Extranjería, que habíamos presentado durante nuestro primer Gobierno anterior, para modernizar y perfeccionar nuestra legislación migratoria, que databa de 1975, estableciendo requisitos de ingreso claros y procedimientos administrativos eficaces, con el propósito de lograr una migración segura, ordenada y eficaz, que facilite el ingreso a Chile de aquellos migrantes que contribuyen al bienestar de nuestro país, y evite el ingreso de aquellos que vienen a causar daño a nuestro país. El Proyecto de Ley además crea el Servicio y el Registro Nacional de migrantes y un Consejo de Políticas Migratorias.  Este Proyecto ha sido ya aprobado por varias comisiones de la Cámara de Diputados.

RAZONES PARA NO ADOPTAR EL PACTO DE MARRAKECH

Nuestro Gobierno decidió no adoptar el Pacto de Migraciones de Marrakech porque contradice algunos de los principios antes mencionados y porque no resguarda adecuadamente los legítimos intereses de Chile y los chilenos.

 

Nuestra decisión se funda en 3 razones fundamentales:

 

Primero: El Pacto de Marrakech incentiva la Inmigración irregular, al fomentar el trabajo informal, al promover el ingreso de los denominados “inmigrantes vulnerables”, al dificultar la detención de migrantes irregulares y otorgarles acceso a pensiones sin reunir los requisitos, al hacer difusa la distinción entre migrantes y refugiados y entre migrantes irregulares y regulares, lo cual perjudica la situación de los refugiados, que sufren persecuciones, y de los migrantes regulares, que respetan nuestras leyes.

 

Segundo:  El Pacto de Marrakech establece nuevos deberes para el Estado, como el de revisar nuestra legislación, políticas públicas y actos administrativos y promover la suscripción de nuevos acuerdos bilaterales y regionales.  Adicionalmente, establece el deber del Estado de crear condiciones para el desarrollo económico y social de los migrantes expulsados, después de retornar a su país de origen, fijando deberes específicos para el país del cual fueron expulsados en materia de protección social, asistencia sicológica y oportunidades de empleo en el país de origen.

 

Tercero:  El Pacto de Marrakech limita el derecho soberano de todo Estado a decidir cómo resguardar sus fronteras, quién y bajo qué condiciones ingresa a su territorio y a quiénes otorga beneficios.

 

Si bien el Pacto de Marrakech dice ser no vinculante, es evidente que si Chile adopta ese Pacto se compromete con su espíritu y contenido.  De hecho, el Pacto utiliza 86 veces la palabra compromiso y 15 veces la palabra deber.  Adicionalmente, el Pacto puede tener efectos políticos y jurídicos.  Estos instrumentos, conocidos como soft law, son permanentemente utilizados por instancias internacionales, e incluso por Tribunales Internacionales, para exigir su cumplimiento o pretender derivar de ellos obligaciones jurídicas de parte de los Estados.

RESPUESTA A PRINCIPALES CRÍTICAS

Algunos han sostenido que la decisión del Gobierno en materia de este Pacto sería contraria a una política de Estado en materia de relaciones exteriores.  La Constitución entrega al Presidente de la República la conducción de las relaciones internacionales.  Es verdad que, en los temas fundamentales de la política exterior, Chile ha tenido una valiosa y larga tradición de actuar con políticas de Estado.  Nuestro gobierno respeta, valora y practica esta tradición.  Así lo hemos demostrado en el caso de los juicios ante la Corte Internacional de La Haya, las decisiones relativas a la mantención de la paz, la seguridad internacional y el respeto a la democracia y los Derechos Humanos, el respecto al derecho internacional, nuestro compromiso con el cambio climático y el calentamiento global, y muchas otras instancias.

Sin embargo, en nuestra opinión, la forma en que Chile norma o regula su política migratoria es un asunto de carácter interno y no forma parte de una política exterior de Estado.  Por ejemplo, nosotros nunca fuimos consultados y siempre discrepamos profundamente de la política de Migración aplicada por el Gobierno anterior, que no impidió o toleró la masiva inmigración ilegal que afectó a Chile.

Otros han sostenido que la decisión de nuestro Gobierno respecto al Pacto de Marrakech sería contraria al multilateralismo.  Nuestro Gobierno cree firmemente en las bondades del multilateralismo.  Por eso participamos activamente en las Naciones Unidas, la OEA, el Grupo de Lima, Celac, la Corte Penal Internacional, Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otras organizaciones como la Alianza del Pacífico, APEC, y últimamente, como invitados, en el G-20.

Sin embargo, y como es evidente, el multilateralismo no puede significar la obligación de tener que suscribir todos y cada uno de los Acuerdos, Pactos o Declaraciones de estos organismos multilaterales.  Es de la esencia del multilateralismo ejercer y respetar el derecho de suscribir o no suscribir, libremente, sus Acuerdos.

CONCLUSIONES

Chile cree y está comprometido con el diálogo y la colaboración internacional para avanzar hacia una Migración segura, ordenada y regular en el mundo y en nuestro país.  Prueba de ello es nuestra ratificación de la Convención sobre Trabajadores Migratorios, la Declaración de Nueva York para los Migrantes y la Declaración de Quito sobre Movilidad Humana.  En la misma línea, Chile participó de las conversaciones y negociaciones del Pacto de Marrakech, porque comparte la importancia de la colaboración internacional para lograr una migración segura, ordenada y regular.

Sin embargo, como Presidente de Chile, y en resguardo del interés de Chile y de todos mis compatriotas, no puedo apoyar un texto que, por las razones antes mencionadas y después de un profundo y exhaustivo análisis, considero que lesiona y no resguarda el interés de Chile, incentiva y pone el foco en la migración irregular, facilita la promoción de derechos que no están reconocidos, establece nuevos deberes para el Estado de Chile, dificulta el resguardo de nuestras fronteras y limita nuestra soberana capacidad de tomar decisiones en materia de Migración en el mejor interés de todos los chilenos.

Por eso durante nuestro primer Gobierno presentamos un Proyecto de Ley para modernizar y perfeccionar nuestra legislación en materia de Migración, que ya tiene más de 40 años y OBEDECE A una realidad muy distinta DE la que vivimos hoy.  Por eso hoy estamos impulsando y enriqueciendo con nuevas indicaciones ese Proyecto de Ley.  Creemos que los temas de Migración, tan importantes para la calidad de vida de los chilenos, deben discutirse principalmente en Chile y Valparaíso, con participación de todos los chilenos, y no solamente en Marrakech o Nueva York.

Por todas estas razones, y pensando sólo en el interés de Chile y los chilenos, he decidido como Presidente de la República de Chile no adoptar el Pacto de Marrakech.

LOS DESAFÍOS DEL FUTURO

El rol de Chile en la comunidad internacional es destacado y reconocido.  En los próximos dos años Chile será país sede de dos grandes cumbres internacionales.  En noviembre del próximo año celebraremos en Chile la Cumbre de la APEC, que reúne a 21 economías del Asia-Pacífico que representan más de dos tercios de la población y más de tres cuartos del producto mundial.

Adicionalmente, en la reunión de la COP-24, realizada el viernes pasado en Katowice, Polonia, se decidió designar a Chile como el país sede de la Cumbre COP-25, a celebrarse en nuestro país en enero 2020.  En esta Cumbre tendremos, a partir de los compromisos logrados en las anteriores cumbres, y especialmente la COP-21 de París, la responsabilidad de promover, con decisión y urgencia, avances significativos para controlar el cambio climático y el calentamiento global, de forma de anticiparnos, prevenir, reducir y mitigar sus negativas consecuencias sobre la calidad de vida de la humanidad y la supervivencia de la raza humana en el planeta Tierra.

Para comprender la importancia de esta misión es bueno recordar las palabras del ex Presidente Barack Obama, quien afirmó que nuestra generación es la primera en sufrir las consecuencias del cambio climático, y la última en poder hacer algo para evitar que éste se transforme en una tragedia.

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