Como un hecho “impresentable” y “terrible” calificó este martes el secretario general de la Conferencia Episcopal de Chile, obispo Fernando Ramos, el nuevo caso que sacude a la Iglesia Católica sobre una violación al interior de la Catedral Metropolitana a manos del sacerdote Tito Rivera y que alcanza también al cuestionado arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati.

Ramos dijo que “esto escapa a lo nuestro, pero yo tuve muy poco contacto con él (Rivera), porque el trabajaba en el centro y yo trabajé por harto tiempo en el seminario”, desmarcándose de una cercanía con el implicado en este delito.

Hay que señalar que un hombre identificado como Daniel Rojas denunció a Rivera y a Ezzati como violador y encubridor del delito, respectivamente, luego de narrar ante la justicia que al interior de la Catedral fue abusado sexualmente por el sacerdote cuando acudió en busca de ayuda para un medicamente para su hija.

El relato menciona que Rivera lo había drogado para luego violarlo en una habitación al interior del principal templo religioso del país, lo cual lo llevó a demandar en febrero a Rivera y al Arzobispado de Santiago por $350 millones.

Ante estos hechos, Ramos precisó que “el caso es impresentable, es terrible, yo creo que es inaceptable y la pregunta que tenemos que hacernos es cómo un sacerdote llegó a serlo”.

Ramos también fue consultado si había que hacer un mea culpa por la actitud de Ezzati ante este caso, tras conocerse que el religioso le pidió a la víctima en confesión que orara por su victimario (Rivera) y luego le ofreciera dinero para olvidar el tema.

“Eso es un caso particular y corresponde al Arzobispado de Santiago (…) y preferiría que las referencias a estas situaciones en concreto las dijera él”, explicó el obispo.

“A mí me toco intervenir al inicio por la investigación previa, después sé que hubo un proceso penal administrativo, hubo una intervención de la Congregación para la Doctrina de la Fe, pero no conozco bien los detalles, y el fallo fue el año pasado y yo estaba en Rancagua y no estaba en antecedentes del proceso”, explicó.

Mencionar que Rivera fue sancionado canónicamente en 2018, impidiéndole ejercer el ministerio sacerdotal por 18 años, por lo que tendría 81 años cuando pueda volver a oficiar misas.

El obispo también reconoció que en muchos de los casos no se ha dado una “respuesta conveniente, muchas veces no se han hecho los procedimientos rápido, diligente con todos los elementos y por eso uno de los elementos más importantes de este encuentro (Roma) era tomarle el sentido de la responsabilidad y la preparación para responder ante este tipo de situaciones”.

Ramos también se refirió a la avalancha de indemnizaciones de parte de víctimas de sacerdotes por abusos sexuales, expresando que “habrá que responder cada caso y verlo en los tribunales, y las diócesis están dispuestas a colaborar con la justicia para saber exactamente como fueron los hechos cuáles puede ser las responsabilidades civiles de aquellos que han cometido abusos”.

Finalmente Ramos confirmó que está citado a declarar por casos de abusos cometidos en Rancagua como el que afecta al canciller del Arzobispado, Óscar Muñoz, en calidad de testigo, “no obstante de que la persona que me notificó me dijo que podían hacer otro tipo de preguntas que yo evidentemente no sé qué son”.