La directiva de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Sur (AFFREMSUR) le dio al Gobierno un ultimátum de 20 días para que entregue una respuesta oficial a su petitorio de demandas, de lo contrario no descartan iniciar movilizaciones.

Paulina Ruiz, la presidenta de agrupación de trabajadores, aseguró que “hemos sido históricamente los funcionarios, los que hemos denunciado los problemas y conflictos que se han generado al interior del Ministerio Público, principalmente, por falta de fiscalizaciones externas”.

En ese sentido, explicó que “tenemos la absoluta legitimidad sindical y el conocimiento de las problemáticas para estar presentes en la discusión y en la elaboración de las propuestas en relación a las reformas que se quieren implementar dentro del Ministerio Público”.

Agregó que “como Asociación de Funcionarios estamos evaluando iniciar movilizaciones por la actuación que ha tenido el Gobierno con los dirigentes de la institución, al no convocarnos a dialogar, no informarnos  lo que se está trabajando, ni consultarnos al respecto. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, no recibió a los dirigentes, pero el mismo día que entregamos nuestro petitorio, estaba reunido con el Fiscal Nacional.  Creo que eso lo explica todo”.

Según, Ruiz “acá, derechamente, se tomó la decisión de excluirnos del diseño de las reformas, seguramente, porque la extensión de los cambios que planteamos para las mismas, es  mayor que la se quiere abordar, además, la manera de trabajar estos temas es poco seria y no asegura mejoras reales y profundas dentro del Ministerio Publico”.

La dirigente advirtió que “nuestro servicio no es un instrumento para intentar contrarrestar la escasa aprobación que tiene el Gobierno en la actualidad, si no existe diálogo con los trabajadores, entenderemos que la postura es actuar al estilo “patrón de fundo” con una institución que sufre una crisis multifactorial que los dirigentes hemos expuesto y denunciados por años, no con discursos improvisados”.

Las 16 demandas

Un total de 16 demandas concretas son las que dejaron de manifiesto los funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Sur, en el escrito remitido al Presidente, Sebastián Piñera, la semana pasada.

Entre las demandas se encuentra la implementación de un mecanismo de Fiscalización Laboral Externa, a fin de contar con la posibilidad de apelar sanciones emanadas de investigaciones administrativas, reclamar la eventual disconformidad ante resultados de concursos públicos, desvinculaciones y calificaciones.

También que se regule la subrogación de fiscales, delimitando las causales que justifiquen la adopción de dicha medida, resguardando, además, a los abogados asistentes que la ejerzan. Dentro de los requerimientos está que las desvinculaciones efectuadas en virtud de dicha norma, correspondan a un efectivo y comprobable cambio de perfil de un cargo y no afecte, en ningún caso, a funcionarios de carrera bien calificados; que exista un mecanismo de denuncias por maltrato laboral y/o acoso laboral o sexual. Otro punto es que esto sea regulado y supervisado por un organismo independiente del Ministerio Público.

La lista de demandas continúa: que haya fiscalización contable y financiera de la Contraloría General de la Republica sobre el presupuesto que recibe, anualmente, el Ministerio Publico; y se genere un plan de mejora de infraestructura a nivel nacional. Se efectúe una revisión de la dotación de funcionarios versus las cargas de trabajo que asumen, que se convoque a un panel de expertos junto a los representantes de los funcionarios, a fin de analizar la eficacia de los actuales sistemas de trabajo del Ministerio Publico, evaluando sus efectos, tanto para los ciudadanos como para quienes los ejecutan al interior del órgano persecutor.

Asimismo, que se eliminen los cargos de exclusiva confianza, a lo menos, en las jefaturas nacionales y regionales de recursos humanos y direcciones ejecutivas, permitiendo que los puestos sean concursados por Alta Dirección Pública, y que se aumenten las exigencias para postular a los cargos de Fiscal Nacional, Fiscal Regional y Fiscal Jefe de Unidad. A esto se agrega, que se reduzca el período del Fiscal Nacional y de los Fiscales Regionales a cuatro años con posibilidad de continuar otros cuatro, pero sujeto a una evaluación de su gestión y comportamiento con los trabajadores de la institución, revisándose las denuncias por maltrato y/o acoso laboral o sexual, por vulneración de derechos laborales o prácticas antisindicales que pesen sobre los candidatos a estos puestos.

También que se establezca un marco regulatorio sobre las reuniones que sostengan miembros del Ministerio Público con parlamentarios o miembros del Poder Judicial en el proceso de postulación a los cargos de Fiscal Nacional o Fiscal Regional, al igual que mientras ejercen esos puestos. Además, que se establezcan para todas las jefaturas del Ministerio Publico, normas de conducta que promuevan el buen clima laboral y la equidad de género; y que se instale una mesa de trabajo tripartita con la presencia de representantes del Ejecutivo, dirigentes del Ministerio Público y de la propia institución, a fin de avanzar en las reformas e iniciativas legales que sean necesarias.

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