Este jueves, con la presencia del director del Servicio Jesuita Migrante, José Tomás Vicuña (de la cuestionada Orden de la Compañía de Jesús), y de la representante de la oposición venezolana Chile, Guarequena Gutiérrez; la Comisión de Derechos Humanos analizó la situación de los cientos de venezolanos en la frontera norte de Chile, luego que Perú impusiera nuevas restricciones ante la avalancha de desplazados que llegan al vecino país y que hora buscan ingresar a Chile, provocando una serie de inconvenientes en la frontera norte.

Ambos personeros describieron el complejo presente de los migrantes que se encuentran en el consulado chileno en Tacna, luego de que se modificaran los requisitos para su ingreso al país.

José Tomás Vicuña, en duros términos dice que la responsabilidad de esta crisis recae en el Gobiern, como si fuera obligación recibir a desplazados venezolanos que llegaron a Perú y tras endurecer las condiciones para que permanezcan en el vecino país, han optado por venir a Chile y sin que exista un plan para su estadía y localización. Vicuña alegó que estos inmigrantes se vieron sorprendidos por la modificación que hizo obligatorio el uso de visa consular para ingresar a nuestro país.

Este hecho, según explicó Vicuña, abrió además un nuevo flanco de conflicto con el ingreso a Chile por pasos no habilitados, con el consiguiente riesgo que ello implica.

“Hemos visto que los coyotes que antes solían visitar el terminal de buses en Tacna ahora van al consulado y piden entre 50 y 300 dólares para ingresar a personas por pasos no habilitados, lo que es muy peligroso, porque este es un campo minado”, precisó desconociendo totalmente que desde hace años Chile ha estado realizando el desminado humanitario en la zona fronteriza, y sí es un riesgo cruzar por paso no habilitados porque eso viola la ley.

Por su parte Guarequena Gutiérrez, desafiando la determinación soberana del Gobierno de Chile le dijo a los diputados que más allá de la determinación adoptada por el gobierno chileno, que está en su derecho de exigir el tipo de documentación necesaria, lo que corresponde es comprender el contexto general de la crisis migratoria, que radica en la responsabilidad que tiene el régimen de Nicolás Maduro, “porque independientemente de la flexibilidad, de las visas que nos pongan o si nos abren la frontera o nos la cierran, acá la génesis del problema es que Maduro se mantenga en el poder en Venezuela”.

Tras la sesión, la diputada y presidenta del grupo legislativo, Emilia Nuyado (PS), expresó su preocupación con la situación de los migrantes venezolanos, cuestionando el rol que le cabe al Gobierno chileno en esta crisis “dado que en un primer momento señalaron toda la voluntad de que pudieran ingresar al país, cambiando ahora las reglas del juego, sin aplicar la ley de refugio”.

Respecto a las críticas generadas, el diputado  Cristóbal Urruticoechea (RN), si bien reconoció que “siempre las cosas se pueden hacer mejor”, defendió la actuación del Ejecutivo considerando que el país no solo debe recibir a la gente sino que también “procurar las condiciones para que tengan una buena calidad de vida en el territorio nacional”.

La instancia quedó a la espera de los antecedentes solicitados al Ministerio del Interior, con el objeto de evaluar y pronunciarse sobre la actuación del Ejecutivo y las medidas tomadas para hacer frente a la mencionada problemática.