Los senadores Guido Girardi (PPD), presidente de la Comisión de Medio Ambiente, y Pedro Araya (Indep), lanzaron duras críticas contra la División Ventanas de Codelco a la que acusaron de ser una empresa que tiene “PRÁCTICAS MAFIOSAS” al esconder información sobre sucesos contaminantes en la denominada zona de sacrificio de Quintero y Puchuncaví, por lo que pidieron al Presidente Sebastián Piñera remover de su cargo al gerente Jorge Sanhueza.

De acuerdo a lo expresado por los parlamentarios, Sanhueza es responsable de “intentar ocultar filtraciones de gases fugitivos -26 de julio-, obstruir las fiscalizaciones de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) -29 de julio- y amenazar y perseguir a la ingeniero en prevención de riesgo, Karina Espinoza, quien hizo la denuncia y aplicó los protocolos correspondientes”.

Los senadores también revelaron un acuerdo transversal de legisladores para exigir que Codelco se someta a Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, al que hasta ahora se ha negado por ser anteriores al año 94, fecha en que se promulgó la Ley de Bases de Medio Ambiente.

No vamos a aceptar que una empresa irresponsable que enferma y mata gente y que es el principal contaminante de la zona no tenga Calificación de Impacto ambiental, acordamos que si no acatan la exigencia estableceremos restricciones a través de la Ley de Presupuesto”, golpeó la mesa el parlamentario PPD.

Asimismo, anunciaron que la primera semana de septiembre citarán a la Comisión de Medio Ambiente al actual presidente de Codelco, Octavio Araneda; al director ejecutivo Nelson Pizarro y al anterior presidente, Óscar Landerretche.

Según explicó Girardi la citación de estos ejecutivos es “por las responsabilidades que les cabe en haber hecho lobby para que no hubiesen planes de descontaminación y normas de dióxido de azufre (SO2) pese a exponer a la población a niveles de contaminación gravísimos e inaceptables”.

REVELADOR TESTIMONIO

Sin embargo, a juicio de los parlamentarios, lo más grave es la persecución y amenazas contra Karina Espinoza, ingeniera en prevención de riesgos, quien entregó su testimonio sobre el episodio de contaminación ocurrido el 26 de julio recién pasado.

Trabajo para Mecsa Ingeniería Ltda. y me enviaron a Codelco para a hacer trabajos de estandarización al interior de la planta de ácidos. El viernes 26 de julio, a las 16 horas, se produjo una fuga desde uno de los reactores de tal magnitud que creí que se trataba de un incendio, activé los protocolos, evacué a los 24 trabajadores y di aviso al jefe de turno, Juan Rodríguez. Él me aclaro que era una filtración de Trióxido de Azufre (SO3) y me dice que las máscaras que tenemos no nos sirven para esa emisión. Mi administrador de contrato, José Luis Figueroa resuelve enviarnos a los domicilios”, recordó la experta.

Y agrega que “al regresar el lunes 29 la fuga seguía de la misma magnitud  y la gobernación activó la alerta ambiental pues había un pick de 1.4 mg. Ese día un grupo de fiscalizadores de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) llegaron hasta la planta y los llevaron a los convertidores Teniente y Smith y a recolectores de gases, siendo que fuga era de uno de los reactores en la planta de ácidos”.

Karina señaló que “la fuga continuó y nos querían hacer laborar igual y yo con vehemencia les dije que no iba a permitir que nadie trabajara en esa área contaminada. Recién el 31 de julio ingresaron unos trabajadores a hacer las reparaciones, no lo hicieron antes para ‘no detener el proceso’”.

Desde entonces Karina dice que ha recibido advertencias “de José Luis Figueroa, del gerente de prevención, Roberto Maldonado y del gerente general, José Sanhueza, y amenazas de querella porque dicen que yo grabé el video que salió en la prensa y yo no fui. También han presionado a mi empresa (Mecsa) para que sea removida o hagan un enroque, porque me consideran muy ‘vehemente’ para hacer mi trabajo. Hasta la fecha no he podido volver a Codelco porque estoy bloqueada”.

AUDITORÍA AMBIENTAL

Por su parte, el senador Araya emplazó al Presidente Piñera a “ordenar una auditoría ambiental de todas las divisiones de Codelco, no es posible que Chile aparezca en la COP25 como un defensor del medio ambiente y la principal empresa del Estado genera serios daños ambientales bastante a las comunidades en rededor”.

Para Girardi, “el Gobierno debe proteger la salud de la población y no el funcionamiento a todo costo de empresas irresponsables e inmorales y cuyos gerentes persiguen a quienes cumplen con la ley y defienden la salud de sus pares. Esas son prácticas mafiosas”.

 

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