El subsecretario para las FF.AA., Juan Francisco Galli, apuntó a la estricta fiscalización de las pensiones de inutilidad y la extensión de la carrera militar como los dos elementos en proceso de mejora del actual sistema de pensiones del personal de las instituciones de la Defensa Nacional.

La autoridad, en conversación con INFOGATE, señaló además que ya está en proceso de elaboración el reglamento de adquisiciones de la defensa (para lo cual tienen un plazo de seis meses), además de una serie de cambios en las empresas públicas del sector defensa, tanto en la aplicación del Código del Sistema de Empresas Públicas, como en la conformación de los gobiernos corporativos respectivos.

En lo referido al sistema de pensiones, Galli explicó que todo parte de las lecciones aprendidas tras la auditoría que hizo Contraloría en el año 2016 justamente respecto de las pensiones, y en relación a ello han ido tomando medidas específicas, considerando que parte de la Agenda de Probidad y Transparencia  de la Defensa pasa justamente en asegurarse que el cálculo de las pensiones está correctamente hecho.

Solución de brechas en la previsión

Así, la primera de las brechas o riesgos dice relación con los abusos cometidos por algunos funcionarios en obtener pensiones de inutilidad detectados por Contraloría. “Hemos sido muy estrictos en esa materia, incluso llegando a que dado que aquellas personas que han obtenido pensiones de inutilidad no pueden trabajar en el sector público, enviamos el registro completo de las personas que habían recibido esa pensión a Contraloría para que sus contratos, cuando lleguen a la etapa de toma de razón o registro por parte de la Contraloría, no lo sean en virtud de que están sujetos a esta prohibición”.

El segundo punto debe ser analizado con perspectiva de futuro  en el contexto de la carrera militar y las modificaciones que se están discutiendo para ella.

“El tema de las pensiones tiene que ser analizado también en el contexto de una carrera profesional de las FF.AA., y por eso mismo este es uno de los elementos que determinaron  el ingreso del proyecto de ley sobre carrera militar a principios de este año, y vamos a estar en la Comisión de Hacienda discutiendo en su último trámite en la Cámara de Diputados”, acotó.

En ese sentido explicó que se trata de evitar el retiro anticipado del personal militar (30 años de carrera,  con derecho a pensión completa) o al cumplir el período máximo de carrera (35 años).

“La solución era relativamente obvia: teníamos que postergar los derechos previsionales de tal manera de incentivar la permanencia de ese personal militar que es muy valioso y, además, aumentar los años máximos de servicio a cumplir en las FFAA., considerando que como Estado hemos invertido mucho en su formación”, detalló.

En este mismo punto coincide otra modificación previa, destinada a regular la recontratación de personal en retiro en las propias instituciones, y que influía en que este personal volvía a jubilar (las famosas reliquidaciones), lo cual fue regulado y reducido a casos excepcionales según modificaciones legales del primer gobierno de Sebastián Piñera.

“Justamente aquí tenemos dos aproximaciones. Primero, que si la razón de recontratar ese personal era que lo perdíamos anticipadamente, la solución va por el lado de la modificación de la carrera militar, que toda esa gente que estábamos recontratando la deberíamos dejar en servicio activo, pero las normas legales no nos permitían hacer eso, Y ahora lo estamos corrigiendo en carrera militar” explicó.

Añadió que “en segundo lugar,  quizás deberíamos ser más transparentes y entregar los criterios para recontratar, de tal manera que la ciudadanía tenga total certeza de que aquellas personas que ingresan nuevamente a ejercer funciones dentro de las FF.AA. lo hacen por su expertise y calidad profesional que no podemos perder, porque generalmente son expertos en defensa que son muy buenos, especializados en una materia específica, y que son muy valiosos aún en defensa”.

Reglamento de adquisiciones

Por otra parte, el subsecretario hizo hincapié en el avance en la redacción del reglamento de adquisiciones de la defensa, luego de la promulgación de la Ley de Financiamiento de las Capacidades Estratégicas de las FF.AA. el pasado 10 de septiembre por el Presidente Piñera.

“Espero que tengamos de aquí a marzo, que es cuando vence el plazo, una propuesta de reglamento y ojalá un reglamento aprobado por Contraloría”, destacó Galli.

Empresas públicas de defensa

Asimismo, y en relación a la regulación de las empresas públicas, recordó que el tema lo supervisa la Subsecretaría de Defensa, “y me toca más bien como usuario que regulador, ya que soy miembro del Consejo Superior de Famae”, explicando que lo que se está implementando “son todas las medidas  del Código del Sistema de Empresas Públicas (SEP) en las empresas de la defensa y en sus gobiernos corporativos, con definición de conflictos de interés, con regulación de los comités de auditoría, entre otros”.

Añadió también que, junto a las nuevas exigencias que está poniendo la Subsecretaría de Defensa y que están adoptando estas empresas, “además el subsecretario debe tener un Consejo Asesor que evalúa el nivel de cumplimiento que están llevando adelante estas empresas de la defensa en el código SEP, y creo que es muy coherente con lo que estamos haciendo en materia de probidad y transparencia”.

Lo anterior va en la línea del análisis de la inclusión de profesionales civiles con experiencia en gestión de proyectos en las directivas de estas empresas, pero considerando que las leyes de los gobiernos corporativos de las empresas públicas son relativamente antiguas, y como la Subsecretaría de Defensa buscó efectos en lo inmediato mientras se modifican estos cuerpos legales, se apuntó a la inclusión de estos civiles expertos en el mencionado Consejo Asesor, permitiendo así exigir a estos gobiernos corporativos el más alto estándar como es el código SEP.