El Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, ya tiene listo el plan de fiscalización de acceso a las playas para este verano a lo largo del país.

En conversación con INFOGATE, la autoridad detalló una serie de medidas para evitar la repetición de lo sucedido en el lago Ranco, y otras innumerables playas donde los dueños de zonas aledañas entorpecieron o prohibieron el paso por sus propiedades, ignorando la obligación de servidumbres de paso.

En este contexto, el ministro aclaró también que, en el caso de la playa junto a la casa del Presidente Sebastián Piñera en el lago Caburgua, o también cualquier otra alta autoridad, está garantizado el libre acceso.

En el caso de la playa donde está su casa es playa pública, el acceso está garantizado, yo revisé ese decreto y por supuesto allí deberá existir cautela y prudencia ya que se trata del Presidente de la República, pero esa playa en particular es absolutamente publica como el resto de las playas de Chile”, explicó.

Y aunque exista la lógica presencia de personal de seguridad para el Presidente, el ministro asegura que ese equipo “no puede impedir que camine por ahí (en la playa). Si el día de mañana hay una fiesta  en la playa, autorizada por la autoridad marítima, lo más probable es que el personal de seguridad recomiende al Presidente o los ex presidentes según sea el caso estar en algún otro lugar, pero esa playa al igual que el resto, es pública” añadió.

Medidas para libre acceso

El ministro Ward señaló también que para el próximo verano ya se está trabajando en herramientas tecnológicas que permitan entregar información a la ciudadanía, en cuanto “de donde  están las playas, donde están los accesos fijados por los intendentes”.

Para lo anterior, explicó que ya se ha establecido un equipo de fiscalización, “preparados en todo Chile; contamos con un aumento en la ley de presupuestos que estamos discutiendo en el parlamento y que esperamos contar con el apoyo de los parlamentarios; la fiscalización está lista, el equipo está listo para aplicar las multas que sean necesarias entregándole la información a los juzgados de policía local. Si alguien impide un acceso en Chile que ha sido fijado por un intendente, se expone a una multa de hasta 5 millones de pesos y el doble en caso de reincidencia”.

Puso un especial énfasis en entregar la información de accesos autorizados a la población, para lo cual destacó la firma de un acuerdo con la Universidad de Chile “para saber donde están exactamente esos accesos y además, cuando esos accesos son muy largos en el tiempo. Por ejemplo, en Playa Mónaco (Pichilemu) las personas tenían que caminar para llegar a la playa 10 kilómetros y luego otros 10 para salir; por eso, hace dos días, fijamos la posición del ministerio que tiene que ser ratificada en una resolución del intendente (de la Región de O’Higgins) en el sentido que ese acceso es vehicular”.

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