La oposición cuestionó duramente al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera tras haber decretado el Estado de Emergencia en varias regiones del país y el posterior toque de queda, afirmando que estos mecanismos significan un “grave retroceso en derechos humanos”.

A través de una declaración pública, el PPD, el PDC, el PS, Convergencia Social, Partido Comunes, Partido Radical y el Partido Liberal señalan que “desde que el Presidente Piñera tomó la decisión de decretar el Estado de Emergencia, el viernes 18 de octubre pasado, se registraron en Chile graves violaciones a los derechos humanos”.

De esta forma, mencionan que el reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) llega a 3.193 detenidos, 1.092 personas heridas, de ellas 546 con heridas por armas de fuego y 126 con heridas oculares, y 5 personas muertas en las que se ha acreditado participación de agentes del Estado.

Asimismo, el INDH ha presentado querellas por abusos sexuales y torturas y recursos de amparo. En los próximos días una misión de la Oficina de la Alta Comisionada de DDHH de la ONU iniciará su propia indagatoria y entregará sus conclusiones, a Chile y el mundo”, señala.

En ese sentido, mencionan que el Ministerio Público y los Tribunales “tienen la responsabilidad de investigar cada denuncia, entregar plena certeza de que las indagatorias serán hechas con rigurosidad y prontitud y, por último, determinar todas las responsabilidades que correspondan”.

La declaración señala que “Chile no merecía este grave retroceso. De nuevo un gobierno conservador usó a las Fuerzas Armadas en la represión de un movimiento social, transfiriéndole la responsabilidad de actuar contra las demandas ciudadanas. De nuevo las alejó de la ciudadanía”.

Además, acusan que “igual y más graves son las denuncias contra Carabineros, sobre quienes pesan acusaciones de tortura, vejaciones, abuso sexual y violencia desproporcionada. No hay un auténtico y profundo aprendizaje respecto del uso de la fuerza policial que resguarde los derechos humanos y la expresión democrática”.

No se trataba del manejo de una catástrofe o una emergencia inesperada, sino el intento de contener la protesta social con el uso de la fuerza. Por esa misma razón, en los primeros días fracasó la contención de los ataques violentistas, los saqueos y el pillaje, que afectaron principalmente a los sectores medios y populares del país”, afirman.

Finalmente, expresan que tales “riesgos de violaciones a los derechos humanos no podían escapar cuando se adoptó esta decisión. Y ese foco en la represión social en vez de la represión del crimen constituye una grave responsabilidad política que el Gobierno debe asumir”.

La declaración esta firmada por Heraldo Muñoz, Partido Por la Democracia; Catalina Pérez, Revolución Democrática; Fuad Chahin, Partido Demócrata Cristiano; Gael Yeomans, Convergencia Social; Álvaro Elizalde, Partido Socialista; Javiera Toro, Partido Comunes; Carlos Maldonado, Partido Radical y Luis Felipe Ramos, Partido Liberal.

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