El decano de la prensa nacional, El Mercurio, se niega rotundamente a un cambio de Constitución y este jueves hace una férrea defensa a la institucionalidad establecida en los ochenta y reformada en reiteradas oportunidades, la cual en muchas manifestaciones de las últimas semanas ha sido duramente cuestionada y se ha puesto en boga como una posible solución para poder establecer un nuevo pacto social tras el estallido social.

En su editorial de hoy, el periódico señala que en las primeras manifestaciones que dieron origen a esta crisis social no se planteó esta idea, pero con el correr de los días se ha ido conformando la posibilidad de terminar con la actual Carta Magna y establecer una nueva que ha sido impulsado por sectores políticos.

“Los presidentes de la Cámara y del Senado, a partir de un acuerdo de las bancadas opositoras, resolvieron el martes activar la discusión de uno de los proyectos de la expresidenta Bachelet, aquel que modifica el Capítulo XV de la Carta Fundamental para acoger una “convención constituyente” como mecanismo de reforma”, señala.

Sin embargo, en su defensa a la institucionalidad fijada bajo el Gobierno de Augusto Pinochet plantea varias razones para “no sumarse precipitadamente al impulso de una nueva carta política”.

En ese aspecto, El Mercurio menciona que “en primer lugar, aun en la inevitable vaguedad de un movimiento que suma malestares diversos, ha quedado claro que la ciudadanía está reclamando hoy prioritariamente soluciones concretas a necesidades acuciantes en temas como pensiones, salarios, salud, seguridad y otros”.

“A diferencia del llamado de Bachelet en 2014 a pensar en sueños y desde esa narrativa conectar con una nueva Constitución, hoy parece imperar un descrédito absoluto de las soluciones meramente políticas. Aún más, todo indica que la sobreutilización discursiva del proceso constituyente, presentado como solución a los problemas del país, no logró conectar con el sentido común ciudadano de ese momento, al tiempo que todos los estudios de opinión posteriores han seguido situándolo en un lugar muy relegado entre las prioridades de las personas”, sostiene.

Y añade que “los resultados de la elección de 2017, cuando todos quienes promovían fórmulas en esa línea fueron derrotados, constituyeron otra confirmación al respecto. No se observa por qué ello pudiera cambiar en la situación actual: una Carta Fundamental es por definición una abstracción, política y jurídica, que difícilmente responderá a clamores más concretos y llenos de escepticismo institucional como los que hoy se escuchan en las calles. Antes bien, el apresuramiento por reponer esta iniciativa sugiere un intento por utilizar el movimiento ciudadano para promover agendas propias, lo que amenaza mucho de lo avanzado por el país en las últimas décadas”.

El diario menciona que “tampoco una nueva Constitución parece una solución en el Chile actual para la búsqueda de un nuevo pacto social, como se ha llamado a esta línea de reacción. La Carta Fundamental no tiene ni debe contener políticas públicas; luego, dado que no garantiza ni obstaculiza la ejecución de medidas o políticas con más acento social, nada asegura que las grandes mayorías sintonicen en definitiva con esta respuesta. Ello, aunque la emotividad de un nuevo arreglo inicialmente genere adhesión”.

Además, pone sobre la mesa otro temor que es el de “arriesgar el valioso resultado de 37 reformas que ha recibido la actual, que reflejan la evolución a lo largo de los años de un amplio consenso jurídico y político, el que resultaría absolutamente prematuro e intelectualmente soberbio dar por extinguido en dos semanas”.

Asimismo, la editorial explica que “llama la atención, finalmente, que —al reponer la idea de una convención constitucional— los congresistas opositores se muestren dispuestos a abdicar de su propio rol como representantes elegidos por la ciudadanía y consideren entregar un tema de esta magnitud a una instancia ad hoc, cuyos mecanismos de nombramiento y elección ni siquiera están definidos en el proyecto de Bachelet que ahora se pretende reactivar”.

“De hecho, tal vaguedad fue advertida en su momento por parlamentarios democratacristianos —entre ellos, el actual timonel de ese partido—, cuyas objeciones fueron entonces determinantes para la paralización de la iniciativa”, concluye la defensa corporativa de una Constitución que está cuestionado por la sociedad y se manifiesta expresamente en cada manifestación que se realiza en el país.