La Agencia Nacional de Inteligencia ha sido mirada con recelo desde su creación en el año 2004, cuando la Ley N°19.974 estableció y reguló el Sistema de Inteligencia del Estado, y dio origen a la ANI.

[LEA EL DETALLE DE LA LEY N°19.974]

No era un asunto menor, ya que venía a reemplazar a la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (Dispi), el primer organismo de inteligencia civil creado por ley en Chile.

Tanto la ANI como la Dispi, en sus orígenes, fueron objeto de duras discusiones parlamentarias, consecuencia de los traumas generados por el accionar de las oficinas especializadas de seguridad durante el Gobierno Militar, pesada mochila que continúa influenciando la percepción hasta hoy en torno a un ente estatal de seguridad.

Hasta el mes de septiembre, el Proyecto de Ley que Fortalece y Moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado se discute, sin gozar de urgencia, en la comisión unida de Defensa y Seguridad Pública, en las etapas de primer trámite constitucional (Senado) y segundo informe de comisión. El proyecto fue ingresado a la Cámara Alta el 13 de noviembre de 2018.

La urgencia de sacar a flote todo el Sistema de Inteligencia se viene arrastrando desde hace largos años. Los casos de atentados explosivos de julio contra una comisaría y la oficina de Rodrigo Hinzpeter, y las movilizaciones ciudadanas de las últimas dos semanas, son sólo la guinda de la torta de una discusión que se viene arrastrando ya desde la primera administración Bachelet, que luego sufriría una fuerte crisis de imagen con la ANI bajo la dirección de Gonzalo Yuseff en el primer gobierno de Pïñera y que tras una abúlica existencia en la segunda administración Bachelet, llegaría a los cuestionamientos hacia el actual director de la Agencia, Luis Masferrer.

Sistema en crisis

Pero el sistema de inteligencia actual adolece de defectos claves.

Ya lo explicó públicamente el nuevo ministro del Interior, Gonzalo Blumel, durante esta semana, al señalar que “no tenemos las coordinaciones ni las capacidades efectivas para hacer una labor adecuada de inteligencia, es parte de lo que hemos visto los últimos días”.

No es una crítica menor, considerando que tanto Blumel como su antecesor Andrés Chadwick, han sostenido estas últimas dos semanas –en paralelo con su intenso trabajo en torno a la crisis social nacional– continuas reuniones en La Moneda con expertos civiles y militares, y parlamentarios sobre el tema, recogiendo opiniones y mejoras sobre el proyecto de ley.

De acuerdo a la ley, el sistema está integrado actualmente por 7 entidades: La ANI; la Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor de la Defensa Nacional; Las Direcciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada, Fuerza Aérea); y las Direcciones o Jefaturas de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (Carabineros y PDI).

La legislación es clara al indicar que el Sistema de Inteligencia “es el conjunto de organismos de inteligencia, independientes entre sí, funcionalmente coordinados, que dirigen y ejecutan actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia, para asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional, y que, además, formulan apreciaciones de inteligencia útiles para la consecución de los objetivos nacionales”.

Y específica que “los organismos integrantes del Sistema, sin perjuicio de su dependencia y de sus deberes para con sus respectivos mandos superiores, deberán relacionarse entre sí mediante el intercambio de información y de cooperación mutuas que establecen esta ley y el ordenamiento jurídico”.

¿Dónde está el fallo, en este caso particular, de la ANI, a la hora de entregar una verdadera asesoría prospectiva al gobierno en seguridad?

El senador por Valparaíso Kenneth Pugh, integrante de la Comisión de Defensa del Senado, explica que “la ANI es parte de un sistema y, por lo tanto, tenemos que entender que las fallas son sistémicas. Lo primero es algo esencial: la colaboración”, precisando que para que exista esta colaboración debe existir una clara dirección estratégica, “entonces, nos vamos a la crítica a la ley, hay que corregirla”.

Seguidamente profundiza añadiendo que “lo segundo es la gestión del Sistema de Inteligencia, que se tiene que dirigir y eso significa que se debe indicar qué se debe buscar y por eso los sistemas de inteligencias siempre van viendo escenarios futuros, y en base a esos escenarios las autoridades que dirigen cada una de esas organizaciones, no necesariamente las de inteligencia, dicen claramente cuáles son sus requerimientos de información”.

De esto concluye la gran falencia del sistema actual de inteligencia nacional: “Tenemos que preguntarle a quien encabeza el sistema, el Presidente, qué instrucciones le ha dado a su inteligencia, esa es la primera pregunta, y eso es parte de los planes que hoy no están. Efectivamente, no tenemos un real Plan Nacional de Inteligencia donde se esté viendo qué es lo que se va a hacer y se va viendo lo que debe tener muy claro: cuáles son sus objetivos, cómo los quiere hacer, etcétera”.

Pero este es un problema que se arrastra desde un principio, ya que el sistema, como acontece en sus símiles en otros países, implica crear ese Plan Nacional de Inteligencia que cada gobierno debiera elaborar y que tiene una duración de 4 años, y en relación al cual se agregan los planes de cada una de las instituciones integrantes del sistema.  El drama es que estos planes nacionales como tales, más allá de esbozos y presentaciones preliminares, nunca han existido en el sentido real de lo que implica una verdadera directriz de estas características.

Aparte de la dirección estratégica, el senador Pugh indica que otro fallo viene dado por el número y competencias de las personas. “La inteligencia es un área del conocimiento que requiere de personas que se desarrollen mucho tiempo; para eso deben existir escuelas que formen analistas, pero las tememos en un número muy reducido y, por lo tanto, no existe una capacidad humana suficiente no sólo en calidad si no también en conocimiento”.

Y no es menor que con la llegada de Luis Masferrer al mando de la ANI, se sumó la partida de analistas y cargos intermedios que sumaban importante experiencia y contactos.

El parlamentario por Valparaíso, recalca además que “debemos entender que en esta agencia –específicamente en el caso de la ANI- los cargos no deben ser volátiles, vale decir, que un cambio de gobierno no puede implicar el cambio  a toda la gente; los sistemas de inteligencia sirven al estado y por ende deben ser permanentes y deben tener continuidad”.

Proyecto de modernización

El proceso de modernización pasaría por incorporar nuevos organismos e instituciones afines al trabajo preventivo de inteligencia y estimular las competencias del personal a cargo de ella. También se busca incrementar la capacidad de producir inteligencia por parte de todos los actores y niveles del SIE; y hacer obligatorio un modelo colaborativo, sancionando el incumplimiento al deber de contribuir con información al SIE y la violación de su secreto.

De esta forma, se busca, entre otras reformas y mejoras del sistema:

1)         Disponer la creación de un Consejo Asesor de Inteligencia, que estará integrado por el Ministro del Interior y Seguridad Pública; de Defensa Nacional; el Subsecretario del Interior; y los jefes de los organismos que conforman el SIE. El Consejo tendrá como finalidad asesorar directamente al Presidente de la República en materias de inteligencia, para lo cual se reunirá, al menos, semestralmente.

2)        Incorporar al SIE los departamentos o unidades de inteligencia de Gendarmería de Chile y del Servicio Nacional de Aduanas. Así, los directores o jefes de los nuevos organismos que se integren al SIE formarán parte del Comité de Inteligencia del mismo, cuya función será orientar, regular, optimizar, revisar y evaluar el flujo e intercambio de la información e inteligencia.

3)         Disponer que la Unidad de Análisis Financiera (UAF) y el Servicio de Impuestos Internos (SII) formen parte del SIE únicamente para aportar análisis de inteligencia estratégica; sin que con ello comprometan la naturaleza de sus funciones, dejando a salvo su función principal.

4)        Diseñar una Estrategia Nacional de Inteligencia que contenga los objetivos estratégicos del Estado respecto a inteligencia. La Estrategia Nacional de Inteligencia será elaborada cada cuatro años por el Director de la ANI, con la aquiescencia de los Ministros del Interior y Seguridad Pública y de Defensa Nacional; y deberá ser aprobada por el Presidente de la República.

5)         Disponer la planificación de inteligencia del Estado. Esta planificación tendrá el carácter de secreta y será elaborada por la ANI, con la colaboración del Comité de Inteligencia del Estado.

6)        Disponer el desarrollo de planes y programas de estudio y de formación de inteligencia, a fin de potenciar la competencia de los funcionarios que sean parte o se integren al SIE. La propuesta tiene por objeto contar con funcionarios que cuenten con una formación común y coordinada, y que posean las habilidades necesarias.

El senador Pugh, explica que el Sistema de Inteligencia del Estado, aborda también lo vinculado a la  contrainteligencia, la cual implica evitar que las inteligencias adversarias puedan operar en el país o puedan afectar a los organismos de inteligencia, también se preocupa de cuáles son los activos valiosos de inteligencia a proteger. Así también, aborda la ciberseguridad y la ciberinteligencia, aspectos críticos este año con las filtraciones de cuentas bancarias a mediados de año.

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