El pasado 20 de octubre se efectuaron elecciones presidenciales y parlamentarias en Bolivia. En la previa quedó el referéndum del 27/F que rechazó la reelección de Evo, como también la autorización posterior de las autoridades que allanó la postulación, alegando que la reelección “era un derecho humano”. Para completar el cuadro, la oposición no encontró nada mejor que enfrentar a Morales dividida en 8 candidaturas.
Las elecciones en Bolivia son organizadas y supervisadas por el llamado Tribunal Supremo Electoral, TSE. En principio, un ente independiente y autónomo. Conformado por miembros designados por el congreso algunos y por el Ejecutivo otros, pero como el partido de gobierno, el MAS, tiene mayoría absoluta, ello se tradujo en un ente cada vez mas afín al oficialismo, perdiendo muchos calificados funcionarios técnicos. A su vez, durante la campaña, el oficialismo hizo un uso abusivo de los recursos estatales para resaltar la obra del presidente.
Si la oposición realizó un festival de divisiones para estas elecciones, el MAS en cambio operó con disciplina andina, que del ayllu se trasladó a las asambleas sindicales y al parecer también ha impregnado a los llamados “movimiento sociales” mas urbanizados. El MAS alcanzó un 60% en la anterior elección presidencial, hoy ha perdido apoyo, pero conserva arriba de un tercio electoral fácil. No todo es número, tiene organización, escuela de masas y de calle, y sobre todo, tiene mando único y vertical. El “Jefazo” manda, eso no lo pone en duda ningún masista, los dirigentes que en el pasado pensaron que podía haber alternancia hoy día caminan por el Callejón de la Amargura, pregúntenle al ex canciller Choquehuanca.
A favor de la tercera reelección de Evo jugaba el crecimiento económico de sus ya 13 años de gobierno, la política de redistribución operada a través de bonos como los Juancito Pinto o los Juana Azurduy. También la inclusión social y cultural de las masas indígenas excluidas y discriminadas desde hace 500 años. En contra, el deterioro de la calidad de democracia, los casos de corrupción, los privilegios corporativos para algunos sectores (como los cocaleros del Chapare) y un emergente culto a la personalidad del Jefazo. Por cierto, a ello se debe sumar la activa oposición de los antiguo propietarios de la Bolivia oligárquica, la “rosca” que dominó tradicionalmente el país excluyendo a la mayoría indígena y popular. Pero sería un error calificar a toda la oposición como “de derecha”. En especial emerge en las ciudades un segmento juvenil mas escolarizado que sus padres, quienes solo han conocido gobiernos de Evo en su vida consciente. Como toda juventud devora tecnología y redes sociales, y derrocha energía.
Las elecciones del 20 de Octubre fueron concurridas, mas de un 90% de participación, y supervisadas por misiones electorales de la OEA y de la Unión Europea. Todo concurrió normal hasta que empezó el recuento. En Bolivia existe un sistema oficial de Recuentro Rápido, llamado TREP, que hace las veces de encuesta de boca de urna y permite arrojar muy rápidamente los resultados. Con eso se despejan las incertidumbres y se fortalece la calma para que los escrutinios formales, mucho mas lentos, puedan culminarse con la debida calma.
Aquí empezaron los problemas, en el ultimo reporte del TREP en la noche de las elecciones, con una estimación sobre el 83% de los votos, el resultado arrojaba un triunfo de Morales pero sin la contundencia necesaria lo que obligaba a una segunda vuelta con su mas cercano seguidor, el ex presidente Carlos Mesa. Aquí empezaron los problemas porque el TSE ordeno la suspensión del TREP y solo se siguió con el escrutinio normal.
Empezó a arder Troya y en una dura declaración, la Comisión de la OEA manifestó su extrañeza ante los hechos y sugirió la realización de una segunda vuelta. El Gobierno no aceptó, el TSE menos y al día siguiente los resultados daban por ganador a Evo con mayoría en ambas cámaras. Cierto o falso, lo cierto es que la desconfianza se instaló y la violencia estalló.
A la fecha la crisis no ha disminuido, todo lo contrario. La oposición, en muchos casos por espontánea convocatoria en las principales ciudades se ha tomado las calles. El gobierno por su parte también ha movilizado a sus bases campesinas y populares que con chicotes y trozos de dinamita defienden al presidente en las calles. Lo mas duro ha sido la escalada de posiciones. La oposición en un principio demandaba una segunda vuelta, para luego pasar a la exigencia de la anulación de las elecciones. Peor aún, la noche del sábado, el Comité Cívico de Santa Cruz, bastión opositor, dio plazo hasta el lunes en la tarde para que el presidente presente su renuncia. Las FFAA permanecen en sus cuarteles y el orden público a la fecha esta a cargo de la policía.
El Gobierno llegó a un acuerdo con la OEA para realizar una auditoría a las elecciones, que ya empezó y debiera durar no más de diez días. Pero nadie puede vaticinar que dirá esa auditoría ni como reaccionaran las partes ante sus conclusiones.
Lo cierto es que ambos bandos hoy están definidos, el gobierno no acepta que se desconozca el resultado electoral que arroja el TSE. La oposición no le confiere legitimidad ni legalidad a las elecciones. Estamos en curso de colisión, de impredecibles consecuencias, lo que no es bueno para Bolivia, tampoco para el barrio, Chile incluido.
Todo esto ha ocurrido casi en los mismos días en que estallo la crisis chilena, por ello el tema ha quedado opacado en los medios, pero como todo lo que ocurre en Sudamérica, y en los países vecinos en especial, es de vital prioridad para nuestra política exterior. La cancillería chilena ha tenido un sobrio, prudente y profesional manejo del tema –a diferencia del caso venezolano- recuperando una máxima estatal y realista: lo mejor para Chile y su destino, es que reine la estabilidad en nuestra región.
