Diputados pertenecientes a Chile Vamos y al Partido Republicano solicitaron al Tribunal Constitucional que evalúe la destitución de 12 legisladores comunistas y frenteamplistas que -a su juicio- infringieron la Carta Magna en el contexto de las recientes protestas sociales.

Los parlamentarios acusados corresponden a los nueve de la bancada comunista: Guillermo Teillier, Hugo Gutiérrez, Carmen Hertz, Karol Cariola, Camila Vallejo, Daniel Núñez, Boris Barrera y Amaro Labra, más Marisela Santibáñez, y junto a ellos Gabriel Boric, Gonzalo Winter y Claudia Mix, del Frente Amplio.

La presentación, de 26 páginas, es avalada por los parlamentarios de la UDI Jorge Alessandri, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Cristián Moreira, Osvaldo Urrutia y Celso Morales; de RN Harry Jürgensen, Carlos Küschel, Camila Flores y Aracely Leuquén; y a Ignacio Urrutia, del Partido Republicano, que lidera José Antonio Kast.

Éstos argumentan que sus colegas de la izquierda incitaron a la alteración del orden público, a la rebelión y a desconocer la autoridad de las fuerzas policiales y militares, durante la reciente convulsión social.

Incitan a alteración del orden público

Lo anterior, debido a que -en su opinión- estos congresistas han incurrido en esta causal de acuerdo a lo estipulado en el artículo 60 inciso quinto de la Constitución, que establece la cesación en el cargo del parlamentario que “de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público o propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece esta Constitución, o que comprometa gravemente la seguridad o el honor de la Nación”.

En esa línea, los legisladores oficialistas afirmaron que las acciones fustigadas ocurrieron en el contexto general de “desobediencia civil y alteración del orden público incitado por los parlamentarios cuya cesación se solicita”, tras el estallido social del 18 de octubre.

En el documento se recuerda que los comunistas usaron su cuenta oficial de Twitter para entregar una declaración pública donde, como bancada, respaldaron “las llamadas ‘evasiones masivas’ convocadas y desarrolladas por estudiantes y ciudadanos ante el alza de la tarifa del Metro de Santiago”.

Para justificar la solicitud contra Boric, el texto relata que, en una serie de ocasiones, el diputado buscó incitar la alteración del orden público, llamando a desconocer la autoridad de fuerzas militares y policiales durante el Estado de Emergencia.

Todos los demás diputados bajo la lupa de Chile Vamos tienen una sección en el requerimiento, que cuenta con 26 páginas, donde se detalla por qué se pide su remoción del cargo.

Aparte de pedir la destitución, los diputados acusadores también solicitaron “la imposibilidad de los parlamentarios sancionados de optar a una función o empleo público, sea o no de elección popular, por el término de dos años, en virtud de lo mandatado de forma expresa en el mismo artículo infringido”.

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