Un grupo de diputados de oposición presentaron esta mañana una acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera por su supuesta responsabilidad en «las graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos cometidas por agentes del estado en el último mes», según explicó la diputada comunista Carmen Hertz, una de las impulsoras de la iniciativa.

Junto a ella, firmaron también Daniel Núñez (PC), Emiliana Nuyado (PS), Jaime Naranjo (PS), Carolina Marzán (PPD); del Frente Amplio, Tomas Hirsch (PH), Gael Yeomans (CS), Claudia Mix (Comunes), Jorge Brito (RD) y Vlado Mirosevic (PL). Adhirió también el diputado Pedro Velásquez (FRVS).

Cabe indicar que el documento es diferente al ya redactado por Pamela Jiles (Partido Humanista), Félix González (Partido Ecologista Verde) y Renato Garín (independiente).

Yeomans, de Convergencia Social, es la única presidenta de partido que firmó la acusación, no contándose tampoco entre los firmantes a jefes de bancadas. La diputada Marzán, recalcó a su vez que su adhesión es a estricto título personal y no representa en este tema a su colectividad.

En torno a la presentación del documento, Carmen Hertz resaltó que el mandatario «ha comprometido el honor de la nación, dada la preocupación de la comunidad internacional».

En tanto, el diputado Jaime Naranjo comentó que «algunos han señalado que esta acusación no tiene sentido porque lo más probable es que esté perdida; puede ser cierto. Pero estamos notificando que nunca más se podrán cometer violaciones a los DD.HH.».

Por su parte Claudia Mix señaló que «jamás estuvo en la mesa un pacto por la impunidad, eso es una mentira».

Esta acusación avanzará en paralelo a la presentada en contra del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, la cual será votada la próxima semana por la Sala.

Para que prospere, la acusación constitucional contra el mandatario requiere de mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, es decir el 50% de los votos más uno. En tanto, en el Senado se requieren 2/3 de los votos para seguir adelante con la destitución.

En la historia de Chile sólo tres presidentes han sido acusados constitucionalmente: Manuel Montt en 1868, que fue rechazada; Carlos Ibáñez del Campo en 1931, que fue aprobada, y Arturo Alessandri en 1939, cuya acusación ni siquiera fue admitida.